La justicia colombiana propinó un golpe contundente a las estructuras que mezclan la política con el crimen organizado. Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías de Bogotá impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra el excandidato al Senado de la República, Freddy Camilo Gómez Castro, señalado de ser una pieza clave en el engranaje de corrupción que protegía el contrabando de Diego Marín Buitrago, alias ‘El Viejo’ o ‘Papá Pitufo’.
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Junto al político, también fueron enviados a prisión el capitán en retiro Faudel Luis Salazar Piñeros y los patrulleros retirados José Luis Olaya Caicedo, Juan Miguel Jaramillo Mora y Édgar Humberto Bacca Suárez.
El rol del excandidato: Lobby y proselitismo con dineros ilícitos
Según las investigaciones de la Dirección Especializada contra la Corrupción, Gómez Castro no era un actor secundario. Su función principal era promover reuniones y realizar acercamientos estratégicos con funcionarios de alto nivel y uniformados de la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA). Su objetivo: influir en las decisiones estatales para favorecer el ingreso de mercancía ilegal por los puertos de Cartagena y Barranquilla.
La gravedad del caso aumenta al revelarse que el grupo delincuencial de ‘Papá Pitufo’ habría financiado las aspiraciones políticas de Gómez Castro. El ente acusador presentó pruebas de que el excandidato recibió préstamos y vehículos de la red criminal para realizar actividades de proselitismo y encuentros políticos, vinculando directamente las campañas electorales con el dinero del contrabando.
Las ‘cachetadas’ de 300 millones de pesos
La red operaba mediante el pago de dádivas mensuales que los implicados denominaban internamente como ‘cachetadas’. Estos sobornos, que sumaban hasta 300 millones de pesos al mes, eran distribuidos entre servidores de la POLFA y la DIAN para que “hicieran la vista gorda” ante contenedores cargados de textiles, cigarrillos y cacharrería que no contaban con la documentación legal.
El esquema criminal en los puertos
La investigación detalló funciones específicas para el resto de los procesados:
- Capitán (r) Salazar Piñeros: Desde la jefatura operativa en Cartagena, ordenaba la salida de contenedores irregulares y la devolución de mercancía incautada en carreteras del Atlántico.
- José Luis Olaya: Se encargaba de perfilar y reclutar a uniformados activos para sumarlos a la nómina de corrupción.
- Édgar Bacca: El enlace con las agencias aduaneras para evitar que ciertos contenedores fueran registrados o aprehendidos.
- Juan Manuel Jaramillo (alias ‘Zorro’): El encargado de entregar el dinero en efectivo, llegando incluso a ingresar a instalaciones portuarias simulando ser un patrullero activo tras su retiro.
Cargos no aceptados
A pesar de la contundencia de las evidencias, que incluyen entregas de dinero en bolsas de pandebonos detectadas por agentes encubiertos, los cinco procesados no aceptaron los cargos por concierto para delinquir agravado y cohecho. Para Gómez Castro, la fiscalía adicionó el delito de tráfico de influencias de particulares.
Este caso marca un precedente en 2026 sobre la vigilancia de las campañas políticas y la transparencia en los puertos del Caribe, dejando claro que la sombra de ‘Papá Pitufo’ sigue bajo el radar de las autoridades nacionales.