La Fiscalía General de la Nación ha dado un paso crucial en la judicialización de los máximos responsables de la crisis humanitaria que azotó a la región del Catatumbo a principios de 2025. En una audiencia virtual ante un juez de control de garantías de Cúcuta, el ente acusador imputó a los principales mandos de las disidencias de las Farc por una directriz de confrontación armada que dejó decenas de víctimas civiles.
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Entre los procesados figuran nombres de alto perfil criminal: Javier Alonso Velosa García, alias Jhon Mechas (cabecilla del Bloque Magdalena Medio); Carlos Eduardo García Téllez, alias Andrey Avendaño; y Farby Edison Parra Parra, alias Richard, jefes político y financiero del frente 33.
La directriz del horror: Control territorial y guerra con el ELN
La investigación, enmarcada en una estrategia de atención integral tras la ola de violencia registrada entre enero y abril de 2025, reveló pruebas contundentes sobre una orden impartida desde la cúpula de estas estructuras. Según la Fiscalía, los cabecillas ordenaron a sus unidades armadas tomar el control territorial absoluto en municipios clave como Tibú, El Tarra, Teorama y Hacarí.
Esta ofensiva no solo buscaba desplazar al ELN de la zona, sino consolidar el dominio sobre las rentas ilícitas y el uso de armas, sumiendo a la población civil en un estado de zozobra constante.
El saldo de la violencia: Homicidios y reclutamiento
El análisis criminológico y las denuncias ciudadanas permitieron a los fiscales de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales documentar un rastro de violaciones graves a los derechos humanos:
- 37 víctimas de homicidio en persona protegida.
- 31 casos de reclutamiento ilícito de niños, niñas y adolescentes.
- 87 personas desplazadas de manera forzada debido a los combates y las amenazas.
Pese a la contundencia de los elementos materiales probatorios, los tres señalados cabecillas no aceptaron los cargos de homicidio en persona protegida, desplazamiento forzado, reclutamiento ilícito y concierto para delinquir agravado.
Justicia bajo la Directiva 003 de 2025
Un punto relevante de este proceso es la aplicación de la Directiva N°003 de 2025. Bajo este marco legal, la Fiscalía avanza en la acción penal sin detenerse por los contextos de diálogos de paz. Aunque algunos de estos investigados puedan tener suspendidas sus órdenes de captura por gestiones de paz, la directiva es clara: el proceso judicial sigue su curso.
Los fiscales continuarán con la recolección de pruebas y la gestión de audiencias, citando a los procesados a través de la Oficina del Consejero Comisionado de Paz (OCCP). Este avance reafirma el compromiso de las instituciones por garantizar que los crímenes cometidos contra la población del Norte de Santander no queden en la impunidad, independientemente de los procesos de negociación política.