El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) entró en la recta final para expedir la reglamentación técnica que regirá la industria del cannabis medicinal en Colombia. Según lo estipulado en el Decreto 1138 de 2025, hasta marzo hay plazo para definir opiniones, sugerencias o propuestas de los ciudadanos y grupos de interés que buscan dar seguridad jurídica a un mercado que, según proyecciones internacionales, podría alcanzar los US$26.920 millones a nivel global para finales de 2026.
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Esta normativa no solo impacta a los inversionistas, sino que tiene un enfoque directo en la salud pública. El objetivo principal es estandarizar la producción y prescripción, permitiendo que estos productos dejen de ser vistos como terapias alternativas de dudosa procedencia y se integren plenamente al sistema de salud convencional bajo rigor científico.
La actualización regulatoria que debe presentar el Invima contempla algunos lineamientos estratégicos. Entre los más destacados se encuentran las Buenas Prácticas de Elaboración (BPE) para preparaciones magistrales, lo que garantiza que cada producto fabricado en laboratorios, muchos de ellos ubicados en Bogotá y su zona metropolitana, cumpla con condiciones controladas de calidad uniforme.
Asimismo, se establecerán parámetros específicos para cannabinoides como el THC y el CBD, además de protocolos estrictos para la ejecución de ensayos clínicos. La vigilancia no se limitará a la fabricación; la entidad también regulará el etiquetado, la publicidad y la información dirigida a los pacientes para evitar promesas médicas sin respaldo científico.
Uno de los puntos más disruptivos de la nueva norma es la obligatoriedad de la trazabilidad total. Para ello, el Invima trabajará en conjunto con el sistema SEED del Ministerio de Justicia. Esta conexión tecnológica permitirá rastrear cada lote desde el cultivo de la planta hasta la dispensación final en farmacias autorizadas.
Con este marco técnico, el Ministerio de Salud también podrá unificar los criterios de prescripción y seguimiento clínico en todo el país. El cumplimiento de este plazo en marzo es decisivo para consolidar a Colombia no solo como un productor de materia prima, sino como un exportador competitivo de productos terminados con alto valor agregado.