La tensión social en el corregimiento de Zelandia, municipio de Dagua (Valle del Cauca), ha escalado a niveles críticos. La candidata Paloma Valencia hizo pública una denuncia que pone bajo la lupa la gestión de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), señalando una presunta actuación irregular en la adquisición del predio “Peñasgordas”, un terreno que hoy es el centro de una disputa entre el Estado, comunidades campesinas y resguardos indígenas.
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El conflicto: 272 hectáreas en disputa
El foco de la controversia es el predio Peñasgordas A y B, una extensión de 272 hectáreas que, según Valencia, ha sido el hogar y sustento de familias campesinas durante más de 20 años. La denuncia señala que la ANT habría adelantado la compra de estas tierras con el fin de transferirlas al resguardo indígena Yu Yik Kwe.
Esta decisión administrativa, de ejecutarse, provocaría el desplazamiento inminente de los campesinos que han cultivado la tierra por décadas. Valencia advierte que esta operación no solo es socialmente riesgosa, sino que podría configurar un posible detrimento patrimonial y una flagrante ilegalidad al ignorar la ocupación histórica de los actuales habitantes.
Falta de transparencia y desacato judicial
Uno de los puntos más críticos de la denuncia es la supuesta “operación silencio” por parte de la entidad estatal. La candidata reveló que desde noviembre de 2025 ha solicitado información detallada a la ANT sin éxito.
“Incluso tras ganar una acción de tutela y lograr la apertura de un incidente de desacato contra el director de la entidad, Felipe Harman, la información sigue sin ser entregada”, enfatizó Valencia.
La situación evoca precedentes preocupantes. La candidata recordó que la Contraloría General de la República ya detectó hallazgos fiscales por 4.161 millones de pesos en un caso similar en Chimichagua, donde se compró un predio ocupado, lo que genera temores de que este patrón de irregularidades se esté repitiendo en el Valle del Cauca.
¿Incumplimiento de acuerdos y amenazas de desalojo?
A pesar de que el 1 de agosto de 2025 se pactó una mesa de diálogo para suspender la compra y buscar una solución concertada, la comunidad de Zelandia asegura que las promesas se rompieron. Los testimonios más recientes, de febrero de 2026, indican que funcionarios habrían amenazado con desalojos apoyados por la Fuerza Pública, rompiendo cualquier puente de confianza con el campesinado.
Ante lo que considera una “bomba de tiempo” social y jurídica, Paloma Valencia ha solicitado la intervención urgente de:
- La Contraloría General de la República: Para investigar el manejo de los recursos públicos en esta compra.
- La Procuraduría General de la Nación: Para evaluar la conducta de los funcionarios implicados.
- La Defensoría del Pueblo: Para garantizar que no se vulneren los derechos humanos de las familias campesinas.
El futuro de Peñasgordas queda ahora en manos de los organismos de control, mientras la comunidad de Dagua permanece en alerta ante un posible desalojo que transformaría el mapa social de la región.