La senadora Paloma Valencia, una de las voces más críticas de la oposición en Colombia, ha encendido nuevamente las alarmas sobre lo que denomina un “atropello contra la propiedad privada”. En sus declaraciones más recientes, Valencia denunció que el Gobierno Nacional intenta revivir la figura de la expropiación exprés a través de un decreto de emergencia, saltándose, según ella, las garantías judiciales básicas de los ciudadanos.
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De acuerdo con la candidata presidencial del Centro Democrático, la nueva normativa permitiría al Estado despojar a los propietarios de sus tierras de manera administrativa, eliminando la necesidad de que un juez medie en el proceso antes de que se haga efectiva la entrega del predio.
“Ahora resulta que con el decreto de emergencia pretenden quitarle la tierra a la gente sin necesidad de que medie un juez. A usted se la expropian, se la quitan y usted puede demandar, y de pronto en 15 años le van a pagar lo que le quitaron”, afirmó la senadora.
Para Valencia, este esquema representa un abuso de poder, ya que históricamente la Corte Constitucional ha blindado la propiedad privada, exigiendo que las decisiones de expropiación pasen por un filtro judicial que garantice el debido proceso y un pago justo y oportuno.
Impacto en la economía rural y la inversión
Más allá de la legalidad del decreto, la senadora enfatizó las consecuencias económicas que la inseguridad jurídica genera en el campo colombiano. Según su análisis, el miedo a perder la propiedad frena la llegada de capitales y el desarrollo de proyectos productivos.
- Menos inversión: La incertidumbre aleja a los empresarios del sector agropecuario.
- Crisis de empleo: Sin inversión, se detiene la creación de puestos de trabajo en la ruralidad.
- Estancamiento: La falta de garantías impide la generación de riqueza en las regiones más necesitadas.
Una nueva demanda en camino
Valencia fue enfática al anunciar que no permitirá que esta medida entre en vigencia sin dar una batalla en los tribunales. “Vamos a demandar nuevamente este nuevo atropello contra la propiedad en Colombia”, aseguró. La senadora sostiene que el Gobierno está ignorando precedentes judiciales claros que impiden eliminar a los jueces de estas decisiones fundamentales.
Este nuevo choque entre la oposición y el Ejecutivo promete escalar en la opinión pública, especialmente en un contexto donde la reforma agraria y la tenencia de la tierra son puntos centrales de la agenda política nacional. La pregunta que queda en el aire es si el decreto superará el examen de la Corte o si, como predice la senadora, terminará siendo otra pieza legislativa tumbada por su inconstitucionalidad.