Luego de la decisión del Ministerio del Trabajo de ordenar una intervención en zonas específicas de su complejo industrial en Sopó, Alpina respondió oficialmente al gobierno nacional. A través de un comunicado emitido este 24 de febrero, la compañía aclaró el alcance del operativo, asegurando que se trata de “medidas focalizadas y preventivas, que no comprometen la operación integral de la planta”.
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La exigencia gubernamental, contó con la presencia de seis personas. Sobre este punto, la empresa señaló una inconformidad procedimental desde el arranque de la inspección: “La Compañía manifestó respetuosamente sus consideraciones frente al ingreso de dos de los seis veedores designados (no vinculados al Ministerio), por la existencia de potenciales conflictos de interés”. No obstante, aclararon que esta observación se hizo en el marco institucional y “no afectó el normal desarrollo de la inspección”.
¿Qué pasará con la producción y las zonas restringidas?
Frente a la incertidumbre sobre el impacto en la línea de producción láctea, el documento oficial de Alpina cita textualmente la determinación de la autoridad laboral, la cual dispuso una “medida preventiva cautelar... con ejecución condicionada de zonas de potencial peligro” en áreas específicas del complejo de Sopó.
Ante este requerimiento del gobierno, la multinacional confirmó acciones inmediatas. “La empresa se encuentra implementando los correctivos técnicos solicitados, como parte de su enfoque permanente de mejora continua en seguridad industrial”, precisa el comunicado, enviando un mensaje de tranquilidad sobre el abastecimiento y la continuidad de su cadena de valor.
Orden de no retaliación y garantías sindicales
El componente humano y laboral fue central en las resoluciones del Ministerio. La entidad emitió una directriz estricta ordenando que la empresa “se abstenga de cualquier acto retaliatorio en contra de las personas que manifestaron interés de dialogar con el equipo de inspección laboral... y personas que potencialmente quieran vincularse a alguna de las organizaciones sindicales”. La respuesta de la organización frente a esta exigencia del Ejecutivo fue tajante: “Alpina reitera de manera categórica que... el respeto por la libertad de asociación es un principio histórico”. Sumado a esto, el documento enfatiza que la compañía “mantiene permanentemente canales formales de diálogo laboral y relacionamiento sindical”.
Como salida institucional para tramitar los hallazgos, se ordenó la conformación de una mesa de trabajo conjunta entre el Ministerio, los representantes de los trabajadores y la empresa. Frente a este nuevo escenario, la dirección de la compañía confirmó que “participará activamente en este espacio como una oportunidad para fortalecer el diálogo social basado en confianza, evidencia y soluciones técnicas”.
El pronunciamiento concluye defendiendo los estándares de seguridad para sus más de 3.000 colaboradores, reiterando su disposición de “trabajar articuladamente con las autoridades y con sus trabajadores para seguir fortaleciendo entornos laborales seguros, dignos y sostenibles”, acatando el ordenamiento jurídico vigente.