Cada año, cerca de 85.000 niños y jóvenes en Bogotá empacan sus maletas escolares para no volver a pisar un salón de clases. Así lo reveló un crudo debate de control político en el Concejo de la ciudad, donde se evidenció que la educación oficial enfrenta una crisis profunda marcada por la deserción masiva, el hostigamiento a estudiantes con discapacidad y una presunta red de venta de cargos públicos.
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El sistema público matricula a 708.201. Quienes deciden abandonar las aulas lo hacen empujados por el bajo rendimiento académico, cuadros críticos de salud mental y extenuantes tiempos de desplazamiento, especialmente aquellos que asisten a jornadas de la tarde.
Esta de deserción de estudiantes visibiliza una fractura social. Según el concejal Armando Gutiérrez, “el 85 % de los estudiantes de estratos bajos se concentra en colegios públicos”. En estas instituciones, la tasa de reprobación alcanza el 10,6 %, una cifra diez veces superior a la registrada en los colegios privados, lo que limita drásticamente la movilidad social de los jóvenes bogotanos.
Un ‘cartel’ que negocia con la educación pública
El hallazgo más grave presentado por las bancadas citantes (Pacto Histórico y Partido Liberal) apunta a una estructura irregular dentro de las contrataciones del magisterio. Durante la sesión, se denunció la existencia de un cartel dedicado a comercializar puestos provisionales para docentes.
La investigación del cabildo detalla que los aspirantes pagan COP 500.000 para ingresar a un grupo cerrado de WhatsApp donde se filtran las vacantes. El presunto fraude se consolida cuando estos profesionales entregan sus credenciales a funcionarios distritales, quienes serían los implicados en manipular el sistema para alterar certificados laborales. Una vez asegurado el nombramiento, se exige un pago final de dos millones de pesos. Los cabildantes advirtieron que estas prácticas sistemáticas “habrían permitido recaudar cerca de 55 mil millones de pesos”.
A este deterioro laboral se suma que 732 profesores sufrieron descuentos salariales recientes, lo que el cabildo calificó como un golpe directo a las garantías de los trabajadores de la educación.
¿Salud mental y acoso sin freno?
El reciente cierre de aulas de apoyo para alumnos con discapacidad disparó las agresiones. Mientras en 2022 se reportaron 120 casos de hostigamiento contra esta población en salones regulares, el último año, 2025, la cifra escaló a 288 denuncias, según alertó el concejal José Cuesta.
Para contener estos problemas de convivencia, las instituciones están atadas de manos por lo que sería falta de personal. Bogotá opera con 984 docentes orientadores, traduciéndose en un profesional por cada 800 alumnos. Esta sobrecarga laboral triplica la recomendación internacional, que exige un orientador por cada 250 estudiantes para garantizar una atención real.
Las cifras de la Comisión de Gobierno muestran que la entrega de nuevos colegios bajo las metas del Plan de Desarrollo Distrital apenas registra un 25 % de avance (cuatro sedes), mientras que la restitución de infraestructuras antiguas se estancó en un 16,67 %.
La corporación exigió a la Administración Distrital intervenir de inmediato el sistema de provisión docente e implementar un plan de permanencia estudiantil con métricas trimestrales, priorizando mantener a los estudiantes en clase antes que solo ampliar los cupos de papel.