Para enfrentar los estragos de las inundaciones y deslizamientos que azotan a ocho departamentos del país, el Gobierno Nacional fijó un nuevo impuesto al patrimonio dirigido a las empresas con mayores recursos. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, confirmó este 24 de febrero que la medida busca recaudar COP 8 billones de forma urgente para mitigar el impacto social en las zonas afectadas, imponiendo la mayor carga tributaria a los sectores financiero y mineroenergético.
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Las compañías cuyo patrimonio líquido supere los COP 10.474 millones, estarán obligadas a pagar este tributo bajo el marco del reciente decreto de emergencia económica. Mientras que la tarifa base para el sector productivo general será del 0,5 %, los bancos, aseguradoras y empresas dedicadas a la extracción de carbón y petróleo enfrentarán una sobretasa que llevará su contribución hasta el 1,6 %.
Según el ministro de Hacienda, explicó que esta focalización busca proteger la caja del sector real. Con esta fórmula, el 56 % de los recursos provendrá exclusivamente de las entidades financieras y las compañías mineras, dejando el 44 % restante a los demás renglones de la economía.
Fechas de pago exprés para atender a los damnificados
Por toda la crisis climática, que transitado el país, especialmente en la zona norte del territorio colombiano, se pide la liquidez inmediata para las labores de rescate, reubicación y reconstrucción. Por ello, el Ministerio de Hacienda estructuró un calendario de recaudo inusualmente corto.
Las empresas que entrarían en este impuesto deberán desembolsar el dinero en dos cuotas iguales a corto plazo, el primer 50 % de la tarifa deberá cancelarse el 1 de abril de 2026, y el restante tiene como fecha límite el 4 de mayo. Durante el Consejo de Ministros que se realizó hoy en Cartagena, el jefe de la cartera económica subrayó que la inmediatez de la emergencia impide dar plazos extendidos, pues las necesidades de la población vulnerable no dan espera.
¿Cómo se distribuirá el recaudo por sectores?
Las proyecciones de Hacienda estipulan que las actividades financieras y de seguros serán de aproximadamente COP 2,4 billones al fondo de emergencia, seguidas por la explotación de minas y canteras con un aporte de COP 2 billones. El monto total se completará con el pago de las empresas sin una sobretasa.
Por otro lado, la industria manufacturera aportará COP 719.922 millones, el comercio al por mayor y menor sumará COP 606.309 millones, y el sector de suministros de electricidad, gas y agua entregará COP 374.783 millones.
Con esta medida se busca, lo que sería un escenario de alta presión fiscal para la banca, un sector que ya se encontraba bajo ajustes operativos luego de los anuncios previos del presidente Gustavo Petro sobre la implementación de inversiones forzosas. Con esto, lo que se buscan redirigir recursos de los bancos privados hacia sectores que el Ejecutivo considera prioritarios, alterando de forma directa la relación tradicional entre el Estado y el sistema financiero colombiano.