El fantasma del trasteo de votos sobrevuela el departamento del Guaviare. La Procuraduría General de la Nación ha encendido las alarmas tras detectar movimientos “significativos y atípicos” en el censo electoral de tres municipios clave: San José del Guaviare, El Retorno y Calamar. La irregularidad cobra especial relevancia dado que impactaría directamente en la elección de las Curules de Paz de la Circunscripción Transitoria Especial de Paz (CITREP 7).
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El mapa del riesgo: Incrementos del 1.000%
La Procuraduría Regional de Instrucción de Guaviare realizó un cruce de datos técnico entre la División Política Electoral de 2023 y las proyecciones para marzo de 2026. Los hallazgos son desconcertantes.
El caso más crítico se presenta en el puesto de votación de la Institución Educativa Agua Bonita (Sede Bocas - Santo Domingo), en San José del Guaviare. Según el Ministerio Público, este punto registró un incremento de 2.375 nuevos inscritos en comparación con el censo de hace apenas tres años. Este fenómeno se repite, con menor o mayor intensidad, en otros cuatro puntos de votación del sector rural, lo que sugiere una movilización coordinada de ciudadanos hacia zonas donde no residen.
Seguridad bajo amenaza en El Retorno
Pero la trashumancia no es el único desafío. La Procuraduría advirtió sobre un riesgo latente de seguridad en la vereda La Paz, zona rural del municipio de El Retorno. En este sector, las condiciones actuales no garantizan la libertad del sufragio ni la integridad física de los votantes, lo que representa una vulneración directa a los derechos democráticos.
Ante la gravedad de la situación, se ha establecido un bloque de vigilancia internacional y humanitaria. La Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP/OEA), las Naciones Unidas y la Defensoría del Pueblo han suscrito compromisos para mediar con las comunidades locales. El objetivo es claro: asegurar que los comicios del próximo 8 de marzo puedan llevarse a cabo sin coacción armada o política.
Medidas administrativas urgentes
La información ya ha sido remitida al Consejo Nacional Electoral (CNE), organismo que deberá tomar medidas jurídicas inmediatas, como la anulación de inscripciones de cédulas que no cumplan con el requisito de residencia electoral.
“Se busca evitar conductas irregulares que deslegitimen la representación de las víctimas en las curules de paz”, enfatizó el Ministerio Público en su comunicación oficial.
El éxito de la jornada electoral de 2026 en el sur del país depende ahora de la celeridad con la que el CNE depure los censos y de la efectividad de la fuerza pública para proteger los puestos de votación en las veredas más apartadas del Guaviare.