En un nuevo capítulo de cuestionamientos a la gestión de los recursos públicos, una denuncia de alto impacto pone en duda la transparencia en la contratación estatal. La candidata Paloma Valencia ha encendido las alarmas al revelar presuntas irregularidades en convenios suscritos entre Colpensiones y RTVC, cuyos montos superan los 60.111 millones de pesos.
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La controversia gira en torno a dos contratos principales destinados a estrategias de marketing y publicidad que, según la denuncia, habrían evadido los principios básicos de la contratación pública en Colombia.
El contrato “eterno”: ¿Violación al principio de anualidad?
El primer foco de la denuncia se remonta al 15 de diciembre de 2023. En esa fecha, a escasos días de cerrar el año fiscal, Colpensiones entregó de manera directa y sin licitación un contrato por 13.804 millones de pesos a RTVC.
Sin embargo, lo que preocupa a la congresista no es solo la adjudicación directa, sino la ejecución del gasto. Al extenderse hasta finales de 2024, se habrían comprometido recursos de más de una vigencia, lo que técnicamente podría vulnerar el principio de anualidad presupuestal, una regla de oro en las finanzas del Estado.
Adiciones que superan los límites de la Ley 80
El historial de este contrato no terminó con su firma inicial. Valencia detalla un esquema de adiciones que parece desafiar la normativa legal vigente:
- Junio 2024: Adición de $6.000 millones.
- Diciembre 2024: Adición de $11.252 millones.
- Agosto 2025: Adición de $6.300 millones.
De acuerdo con la Ley 80, las adiciones a un contrato estatal no deben superar el 50% del valor inicial. No obstante, en este caso, la suma de las adiciones superó el 100% del monto original, comprometiendo recursos de tres años distintos (2023, 2024 y 2025).
Un segundo contrato bajo sospecha
La denuncia no se detiene ahí. El 16 de julio de 2024 se habría firmado un segundo contrato, nuevamente por vía directa, por un valor de 9.795 millones de pesos. El objeto: diseñar e implementar una estrategia de marketing similar a la anterior.
Este segundo acuerdo también fue objeto de una adición masiva de 12.959 millones de pesos, excediendo otra vez el límite legal del 50%. “Es una estrategia sistemática para saltarse la licitación pública y el control del gasto”, advirtió la candidata.
| Detalle del Contrato | Valor Inicial | Adiciones Totales | Vigencia Final |
|---|---|---|---|
| Contrato Publicidad 1 | $13.804 M | $23.552 M | Dic 2025 |
| Contrato Marketing 2 | $9.795 M | $12.959 M | Dic 2025 |
La hora de los entes de control
Ante la gravedad de los hallazgos, Valencia solicitó formalmente a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República iniciar investigaciones urgentes. El objetivo es determinar si existieron faltas disciplinarias o responsabilidad fiscal por el manejo de estos fondos que pertenecen a los ahorros y aportes de los colombianos.
Por ahora, el país espera una respuesta oficial de las entidades implicadas, mientras el debate sobre el uso de la contratación directa para fines publicitarios vuelve a estar en el centro de la agenda política nacional.