Las negociaciones de paz entre el Gobierno Nacional y el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), conocido como el Clan del Golfo, se reactivaron oficialmente. Después de una cumbre a puerta cerrada el 9 de febrero en Bogotá, las delegaciones lograron superar el congelamiento de la mesa, una crisis desatada por los recientes compromisos de seguridad acordados entre el presidente Gustavo Petro y Donald Trump en Washington.
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De acuerdo con la información del encuentro en la capital, las partes consiguieron destrabar el proceso sociojurídico que el propio Estado Mayor del grupo armado había pausado de manera provisional semanas atrás, al considerar una “violación a la buena fe” la promesa del Gobierno de neutralizar a uno de sus líderes.
La intervención internacional que salvó la negociación
Para evitar el colapso definitivo de este intento de desmovilización, fue decisiva la actuación del Grupo de Países Mediadores. Representantes de Qatar, España, Noruega y Suiza lideraron la convocatoria de emergencia, la cual contó con el respaldo directo de la Conferencia Episcopal y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP/OEA).
Durante la sesión, el Ejecutivo garantizó la continuidad del proceso y ratificó que las órdenes de captura contra varios de los principales cabecillas del EGC se mantienen suspendidas desde diciembre, lo que otorga piso jurídico a los voceros de la estructura ilegal para seguir sentados en la mesa.
Los compromisos territoriales que vuelven a marchar
Con la reactivación formal de los canales de diálogo, se retoma de inmediato la agenda técnica pactada originalmente en Doha a finales de 2025. El paso a seguir es la habilitación de tres Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) estratégicas: dos en el departamento del Chocó (Belén de Bajirá y Unguía) y una en Córdoba (Tierralta). Estas áreas funcionarán como planes piloto para afianzar la confianza con las poblaciones civiles afectadas por el conflicto.
La superación del conflicto también permite avanzar en la redacción final de los protocolos operativos. En este punto, la MAPP/OEA asumirá un rol central dentro de un mecanismo que se encargará de verificar el manejo del material de guerra, monitorear los movimientos logísticos y resolver de manera directa cualquier controversia armada sobre el terreno.
