Modificar el aumento del salario mínimo decretado para este año desataría un choque laboral y económico directo contra las empresas y los hogares. Así lo advirtió el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), Bruce Mac Master, quien en diálogo con Mañanas Blu calificó como “doblemente irresponsable” cualquier intento por aplicar un nuevo reajuste para acercarlo al denominado “mínimo vital”, estimado en más de dos millones de pesos, pero también reducir el que ya se estipulo no sería lo ideal.
(También puede leer:Tragedia en Córdoba: la impactante cifra de animales muertos y damnificados que tiene en alerta a las autoridades)
En la entrevista exclusiva con la cadena radial, el líder aclaró que reducir la cifra actual, que superó el 23 % de incremento, resulta igual de crítico. Retirar ese dinero del bolsillo de más de 2 millones de familias que ya comprometieron sus gastos mensuales basándose en este ingreso mencionó que sería una fractura en la relación laborales. Para el empresario, la medida ya consolidó unos derechos adquiridos y la fuerza laboral no debe asumir las consecuencias de lo que calificó como un error de cálculo estatal.
El golpe silencioso a 11 millones de trabajadores
Aunque la ANDI defiende mantener intacto el ingreso de quienes ya están recibiendo el reajuste, no oculta las grietas financieras que la decisión del Presidente está abriendo. La medida golpea de frente la inflación, frena la contratación formal y empuja las tasas de desempleo al alza, encareciendo los costos de producción y los bienes de consumo básico.
Mac Master fue enfático al recordarle a la audiencia de Blu Radio que la administración central pasó por alto a los más de 11 millones de ciudadanos que sobreviven en la informalidad con ingresos muy inferiores al salario legal. Este grupo poblacional es el que tiene que lidiar con el impacto derivado del incremento desproporcionado en los precios de los servicios y contratos indexados.
¿Por qué la ANDI no frenó el decreto en los tribunales?¿Pudo haberlo hecho?
A diferencia de otras agremiaciones, como Fenalco, que decidieron llevar el decreto ante la justicia para tumbarlo, la ANDI optó por mantenerse al margen de las demandas. La decisión no responde a un apoyo a las políticas de la Casa de Nariño, sino consideraciones de impacto económico y social, las cuales serían quitarle ingresos a las personas cuando ya el hecho está cumplido desestabilizaría a la sociedad, como lo mencionan simpatizantes de este incremento.
No obstante, esta postura técnica exige límites institucionales. El representante de los empresarios aprovechó el espacio radial para hacer un llamado al Consejo de Estado a frenar posibles arbitrariedades del Ejecutivo en materia económica. El debate continúa abierto en los altos tribunales, mientras el sector productivo presiona para que la política salarial no sufra nuevas alteraciones que terminen desestabilizando a los trabajadores durante el año.