La tensión entre el Legislativo y el Gobierno Nacional escaló luego del anuncio del Ministerio de Educación sobre las medidas tomadas contra la Fundación Universitaria San José. Aunque la cartera formuló un pliego de cargos contra la institución, su rectora Romelia Ñuste Castro y el exsecretario general Luis Carlos Gutiérrez Martínez, las decisiones fueron calificadas de “insuficientes” y “negligentes” por las representantes a la Cámara Jennifer Pedraza y Catherine Juvinao, quienes han seguido y denunciado este caso de primera mano.
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Las congresistas, quienes destaparon el escándalo de presunta venta de títulos que involucra a la funcionaria Juliana Guerrero, advierten que permitir la continuidad de las directivas pone en riesgo la legitimidad académica de miles de egresados.
El Ministerio, bajo la dirección de Daniel Rojas, confirmó que se mantiene una inspección y vigilancia permanente, descartando por el momento el cierre de la universidad o la remoción de su cúpula administrativa.
Según la entidad, la estrategia se divide en una vía preventiva para asegurar la continuidad del servicio y una sancionatoria por las irregularidades halladas. Sin embargo, esta postura desató una confrontación directa en redes sociales donde se acusa al Ejecutivo de aplicar un rasero distinto al utilizado en otras intervenciones universitarias.
¿Intervención a medias? El reclamo por la permanencia de la cúpula
El punto álgido de la controversia radica en que, a pesar de las graves imputaciones por la expedición irregular de diplomas, incluyendo el caso de Guerrero, quien habría obtenido su título sin asistir a clases ni presentar las pruebas Saber Pro, los directivos señalados continúan en sus cargos.
Jennifer Pedraza fue enfática al comparar este caso con la reciente intervención en la Universidad de Antioquia. “A la Universidad de Antioquia la intervinieron, pero con la San José llevamos seis meses rogando. ¿Qué más necesitan?”, cuestionó la representante.
Por su parte, Catherine Juvinao sugirió en su cuenta de X que la falta de una “toma de control total” podría obedecer a presuntas conexiones políticas. Para las legisladoras, la única medida proporcional a la magnitud del fraude es la remoción inmediata de las cabezas de la institución y la toma de activos.
La respuesta del ministro Daniel Rojas no se hizo esperar y trasladó el debate al terreno político. El funcionario desestimó las críticas técnicas y acusó a Pedraza de utilizar la crisis de la San José como plataforma para su campaña política. Por lo que defendió la rigurosidad del proceso administrativo, argumentando que las decisiones de su cartera se basan en el debido proceso y no en “urgencias electorales”.
No obstante, la Fiscalía General de la Nación ya adelanta investigaciones al mismo tiempo, un hecho que las denunciantes utilizan para señalar que este ente ha sido más rápido que el mismo ministerio en identificar los hechos.