En un momento crítico para la estabilidad energética y ambiental del país, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) ha lanzado una ofensiva administrativa. La entidad anunció el inicio de indagaciones preliminares contra las empresas generadoras de energía para verificar si la gestión de los embalses ha sido técnica y éticamente responsable, o si existen irregularidades que afecten tanto el precio de la luz como la seguridad de las poblaciones ribereñas.
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Esta decisión surge tras la reciente tormenta política desatada por el presidente Gustavo Petro, quien solicitó la renuncia del gerente de la Hidroeléctrica Urrá y cuestionó las descargas de agua que han agravado las inundaciones en el departamento de Córdoba.
Bajo la lupa: Precios de oferta y niveles de agua
El ente de control no solo revisará los niveles de almacenamiento; su investigación entra en el terreno de la estrategia comercial. La Superservicios evaluará el comportamiento de los generadores en el Mercado de Energía Mayorista, cruzando los precios de oferta presentados con los volúmenes de agua realmente disponibles.
El objetivo es detectar si alguna empresa pudo haber retenido agua o inflado precios de manera injustificada, ignorando las condiciones reales del sistema eléctrico colombiano. “Estas variables resultan fundamentales para garantizar un uso eficiente y responsable del recurso hídrico, especialmente en escenarios de variabilidad climática”, señaló la Superintendencia en su comunicado oficial.
¿Se cumplió el Reglamento de Operación?
La indagación busca determinar si se violó el Reglamento de Operación del Sistema Interconectado Nacional (SIN). Este reglamento es la “hoja de ruta” técnica que obliga a las hidroeléctricas a respetar:
- Curvas guía: Los niveles máximos y mínimos que un embalse debe mantener para ser seguro.
- Límites de descarga: El volumen de agua que se puede soltar hacia los ríos para evitar catástrofes aguas abajo.
- Restricciones técnicas: Normas específicas que garantizan que la infraestructura no colapse ante crecientes súbitas.
El caso de la Hidroeléctrica Urrá es el más visible, donde el río Sinú vio multiplicado su caudal por cinco, obligando a apagar turbinas, pero la investigación se extenderá a otros agentes del mercado para asegurar que el agua, un bien público, no esté siendo gestionado bajo criterios puramente privados que pongan en riesgo a la comunidad.
Planes de Gestión del Riesgo: La otra cara de la crisis
Un punto neurálgico de la investigación es el cumplimiento de los Planes de Gestión del Riesgo y Desastres (PGRD). La Superservicios verificará si las generadoras cuentan con protocolos reales para mitigar inundaciones aguas abajo.
No se trata solo de generar energía; se trata de la seguridad de miles de personas. La autoridad evaluará si existen planes de contingencia efectivos y si las empresas han invertido en la prevención de riesgos asociados a la operación de grandes represas. De hallarse fallas, las empresas podrían enfrentar sanciones millonarias y cambios estructurales en su forma de operar.
Con los embalses en niveles altos y una temporada de lluvias intensas, la pregunta que queda en el aire para los colombianos es clara: ¿Bajará finalmente el precio de la energía o la gestión de los embalses seguirá favoreciendo a los grandes generadores?