La Fundación de Educación Superior San José lleva meses envuelta en el escándalo de cuenta de los señalamientos por la expedición irregular de títulos universitarios, que involucra incluso a funcionarios del Gobierno como Juliana Guerrero, representante del mismo en el Consejo Superior Universitario de la Universidad del Cesar. Recientemente, se conoció que la Fiscalía le imputó cargos a Guerrero y al exsecretario general de la Fundación, Luis Carlos Gutiérrez, por los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público.
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Dicen “realizar una revisión minuciosa de sus procesos institucionales”
En un comunicado emitido el martes 10 de febrero, la Fundación expresó que “desarrolla su labor académica con apego a los principios de legalidad, transparencia, y responsabilidad institucional”, y señaló que están llevando a cabo un proceso de auditoría interna para “realizar una revisión minuciosa de sus procesos institucionales”.
Además, informaron que el lunes 9 de febrero realizaron la entrega de resultados y conclusiones preliminares de esa auditoría a la Fiscalía General de la Nación “como resultado de las anomalías previamernte detectadas y denunciadas por la propia institución”. Con esto, afirman, esperan contribuir al esclarecimiento de los hechos y a la determinación de responsabilidades.
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“La U. San José celebra que el llamamiento a imputación por parte de la Fiscalía General de la Nación, sea resultado de la contribución efectiva, rápida y transparente por parte de la U. San José con las autoridades del Estado”, agregaron, y aseguraron que se tomarán acciones internas.
Hacia el final de la carta, reiteraron que “cualquier práctica que, dentro del debido proceso, sea establecida como irregular no corresponde ni ha correspondido a políticas institucionales”.
Cabe recordar que la Fundación despojó a Juliana Guerrero de su título y despidió a su secretario general, por facilitar la expedición sin los exámenes requeridos. Sin embargo, sigue concentrando polémicas por las revelaciones que hablaron de que lo que sucedió con Guerrero no fue un caso partícular, sino parte de un entramado que habría beneficiado a más funcionarios del Gobierno, según lo denunció la representante a la Cámara Catherine Juvinao.