El sistema de salud en Colombia enfrenta una de sus horas más críticas. Este lunes, la Mesa Nacional de Asociaciones de Usuarios en Salud lanzó una contundente alerta ante lo que califican como una inminente vulneración de derechos: la ejecución de traslados masivos que afectarían a más de seis millones de colombianos, derivado de nuevos planes administrativos del Gobierno Nacional.
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La preocupación nace tras la publicación de borradores de decretos del Ministerio de Salud, actualmente en consulta pública. Estos documentos pretenden modificar la estructura del aseguramiento mediante una “habilitación territorial”, lo que obligaría a los usuarios a cambiar de entidad basándose en criterios geográficos y no en su libre elección.
Las cifras de la discordia: ¿A dónde irían los afiliados?
Según el análisis de las asociaciones, el impacto se concentraría en entidades que ya enfrentan desafíos operativos y financieros. El decreto implicaría el movimiento de 6’606.371 afiliados, distribuidos principalmente de la siguiente manera:
- Nueva EPS: Recibiría a 3’198.875 nuevos usuarios.
- S.O.S.: Acogería a 533.429 personas.
- Savia Salud: Sumaría 289.262 afiliados.
El vocero de la Mesa, Álvaro Enrique Molina, advirtió que muchas de estas entidades receptoras se encuentran actualmente intervenidas. “Trasladar a los usuarios a EPS con capacidad limitada para prestar servicios dignos es agudizar una crisis humanitaria que ya es real”, señala el comunicado respaldado por asociaciones de Salud Total, Sanitas, Sura y Famisanar, entre otras.
El riesgo para pacientes con enfermedades críticas
El mayor temor de los gremios y expertos radica en la ruptura de la continuidad de los tratamientos. Para un paciente con cáncer, enfermedades renales crónicas o patologías raras, un cambio administrativo de este calibre no es solo un trámite; es un riesgo vital.
La Mesa Nacional advierte que estos traslados masivos podrían generar un gasto de bolsillo insostenible para las familias, quienes terminarían pagando por servicios que el sistema debería garantizar, pero que se verían bloqueados por la falta de rutas de ejecución claras y planes financieros sólidos.
Del “Shu-Shu-Shu” a la advertencia del Consejo de Estado
El panorama actual evoca los riesgos señalados desde septiembre de 2025, cuando ya se hablaba de movimientos masivos bajo el Decreto 858. Aunque dicho decreto fue suspendido por el Consejo de Estado, la nueva intención del Ministerio de Salud reactiva las alarmas.
Las asociaciones han bautizado este escenario como el fenómeno “Shu-Shu-Shu”: una situación donde las aseguradoras asumen cargas de enfermedad críticas sin tener la espalda financiera ni administrativa para soportarlas. Esto, según Ana María Vesga, presidenta de Acemi, se traduce inevitablemente en un “deterioro de la atención”.
Un llamado a la Corte Constitucional
Ante la contundencia de los hechos, los usuarios exigen al Gobierno Nacional que no adopte decisiones que ignoren las órdenes de la Corte Constitucional para garantizar la vida. La prioridad, según los firmantes, debe ser el bienestar del talento humano y la estabilidad de los pacientes, evitando experimentos administrativos en un sistema que ya se encuentra bajo máxima presión.
El país queda a la espera de la respuesta oficial del Ministerio de Salud, mientras los usuarios se declaran en asamblea permanente para defender su derecho a elegir quién cuida de su salud.