En un momento de máxima sensibilidad política en Colombia, la candidata Paloma Valencia ha encendido las alarmas sobre el manejo de los recursos públicos. La denuncia señala directamente al Fondo Paralelo del Ministerio de Igualdad por la firma de un contrato multimillonario que, según la líder política, carece de transparencia y se ajusta sospechosamente al calendario electoral de 2026.
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El centro de la controversia es un contrato por la suma de $26.289 millones otorgado a la empresa Laborando S.A.S. El objetivo: la provisión de trabajadores en misión durante todo el año 2026, periodo en el que el país definirá la nueva composición del Congreso y la Presidencia de la República.
Un proceso “exprés” que despierta dudas
Lo que más ha llamado la atención de la opinión pública es la asombrosa celeridad con la que se concretó el negocio jurídico. Según la información revelada por Valencia, el proceso se habría resuelto en menos de 24 horas:
- 7 de enero: El Fondo envió la invitación al contratista.
- 8 de enero: Laborando S.A.S. remitió la documentación y se suscribió el contrato de inmediato.
Esta dinámica, que prescindió de una licitación pública o competencia entre oferentes, ha sido calificada por la candidata como un mecanismo diseñado para evadir el escrutinio y favorecer a un contratista específico.
El “pulpo” de Laborando S.A.S. y las cifras del escándalo
Este no es un hecho aislado. La investigación liderada por Valencia arroja que, desde 2025, se han firmado otros cuatro contratos con la misma empresa bajo la misma modalidad de adjudicación directa. En total, la suma de estos acuerdos asciende a los $96.871 millones.
Llama la atención que varios de estos contratos se ejecutan de forma simultánea. De hecho, a pesar de que algunos acuerdos vigentes se extienden hasta abril de 2026, el Fondo decidió asegurar uno nuevo que cubre de enero a diciembre del mismo año.
Una nómina que desborda al propio Ministerio
Los cálculos presentados en la denuncia son impactantes. Con este nuevo contrato, se estima la vinculación de aproximadamente 2.000 trabajadores adicionales. Si se suman a los procesos anteriores, la nómina real del Fondo Paralelo podría superar las 5.000 personas.
Para poner esta cifra en perspectiva, el Ministerio de Igualdad cuenta formalmente con 541 funcionarios y 191 contratistas. Es decir, la estructura “paralela” sería exponencialmente más grande que la planta oficial de la entidad, lo que para Valencia representa una “burocracia sin resultados” y un uso irresponsable del erario.
Llamado a los entes de control
Valencia fue enfática al advertir que el contrato no especifica el número exacto de personas a contratar, dejando el alcance de la inversión en una total incertidumbre. Ante lo que considera una “vergüenza institucional”, la candidata solicitó la intervención inmediata de la Contraloría General de la República.
“Es una contratación hecha a la medida del contratista, financiada con el dinero de todos los colombianos en medio de un año clave para la democracia”, puntualizó la líder política.