Este martes, 3 de febrero, se conocieron los cambios incluidos por la Ley 2445 de 2025 que transforman el régimen de insolvencia para personas naturales en Colombia y abrieron una puerta para los ciudadanos que están endeudados y que antes no podían acogerse a este mecanismo.
Pensionados con descuentos automáticos, trabajadores con créditos de libranza y pequeños comerciantes por primera vez están incluidos en esta figura que permite reorganizar las obligaciones y frenar procesos de cobro.
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Cambio de la Ley de insolvencia incluirá nuevos tipos de deudores
A estos nuevos grupos, que sufrían por el endeudamiento y la normativa anterior les impedía acceder al proceso de insolvencia, ahora podrán tener una luz en el camino.
Según El Tiempo, con la entrada en vigencia de la Ley 2445 de 2025, se pasó de 10.459 personas declaradas insolventes en el 2024 a 18.743 en el 2025. Ahora, durante enero de 2026 ya se han presentado 1550 solicitudes, un aumento del 28 % frente al mismo mes del año anterior.
Es importante tener en cuenta que la insolvencia no opera de manera automática, pero tampoco el procedimiento es complejo.
Para poder iniciar el proceso, la persona debe demostrar que perdió la capacidad de cumplir con sus obligaciones de acuerdo a las condiciones iniciales que tenía, por lo que debe presentar pruebas.
Con la documentación, el trámite se presenta ante un centro de conciliación autorizado o una notaría que cuente con conciliadores para procesos de insolvencia, los cuales están en cámaras de comercio, consultorios jurídicos universitarios.
“Una vez se radica la solicitud, el conciliador revisa si todo está en orden. Si falta algo, da un plazo corto para corregirlo. Si se cumplen los requisitos, el proceso es admitido, y ahí ocurre algo clave: el alivio empieza a sentirse desde ese momento, no días, semanas ni meses después”, le dijo a dicho medio Vanessa Méndez Farfán, abogada y asesora de deudores.
Una vez aprobado se suspenden embargos sobre salarios, honorarios y bienes, así como medidas como la congelación de cuentas bancarias.
Según Méndez, la suspensión también aplica para quienes tienen créditos de libranza, incluidos pensionados, docentes, militares y trabajadores con descuentos automáticos.
Esta reforma incorporó a pequeños comerciantes y micronegocios que antes quedaban excluidos y ahora pueden acogerse, teniendo matrícula mercantil, si no poseen bienes por un valor superior a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin incluir la vivienda familiar ni el vehículo personal, lo que equivale a cerca de 1.750 millones de pesos.
Es importante saber que acogerse a la insolvencia puede limitar el acceso a nuevos créditos en el corto plazo. Sin embargo, quienes logran acuerdos pueden reconstruir su vida crediticia.