El sistema judicial colombiano aceptó una acción de tutela contra el presidente Gustavo Petro, luego de sus declaraciones sobre la figura de Jesucristo, en pleno discurso presidencial. El recurso, fue presentado por el senador y exministro de Justicia, Wilson Ruiz Orejuela, busca determinar si el mandatario vulneró derechos como la libertad de culto, la conciencia y el principio de que Colombia es un Estado laico.
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La controversia nace desde el pasado 27 de enero durante un evento en el Hospital San Juan de Dios, en Bogotá. En su intervención, Petro afirmó: “Yo creo que Jesús hizo el amor, sí. A lo mejor con María Magdalena, porque un hombre así, sin amor no podía existir y la mujer lo apoyó hasta el último momento”. Estas palabras desataron reacciones inmediatas de diversos sectores sociales y pero especificamente en los religiosos que consideraron la expresión como una interferencia indebida en el dogma cristiano.
Al admitir el recurso para su estudio, el despacho judicial subrayó un punto clave, el cual es que las afirmaciones del mandatario no pueden interpretarse como la simple opinión de un ciudadano particular. Al haber sido emitidas en un escenario público y en ejercicio de su cargo, adquieren un carácter e imagen institucional.
El fallo preliminar advierte que el presidente tiene la obligación constitucional de mantener la neutralidad religiosa. Según el juez, al reinterpretar pasajes teológicos sin sustento un histórico reconocido oficialmente por las instituciones religiosas, el jefe de Estado pudo haber afectado la sensibilidad de los creyentes colombianos.
Una posible rectificación pública en el horizonte
La admisión de esta tutela no es solo un trámite administrativo, si no que plantea una hoja de ruta para que la Casa de Nariño ajuste su comunicación en temas de fe. Entre las medidas de reparación simbólica solicitadas, se contempla que el presidente realice un acto público para aclarar que sus opiniones no representan la postura oficial del Estado colombiano.
Asimismo, la justicia le hizo un llamado al mandatario a abstenerse de emitir posibles juicios, interpretaciones teológicas o doctrinales desde su rol como jefe de Estado. El caso entra ahora en una fase de pruebas y descargos donde se definirá si las órdenes de reparación y el freno a este tipo de discursos se mantienen en firme.