En un operativo de alta precisión, la Fiscalía General de la Nación logró desarticular una peligrosa red logística dedicada al tráfico de clorato de potasio, una sustancia química crítica utilizada como insumo base para la fabricación de artefactos explosivos. La organización, que operaba en el eje fronterizo entre Ecuador y Colombia, utilizaba métodos de camuflaje altamente sofisticados para burlar los controles de seguridad en las carreteras nacionales.
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Las investigaciones, que abarcaron un seguimiento detallado entre 2024 y 2025, permitieron la judicialización de tres presuntos integrantes estratégicos: Sonia Patricia Prado Rosero, Libardo Marcial Maya y Wilson Antonio Usamak Vásquez.
El “caballo de Troya” en los cargamentos de abono
El modus operandi de la red consistía en una modalidad de ocultamiento que ponía en riesgo la cadena logística legal del país. Prado Rosero y Marcial Maya eran los encargados de coordinar el ingreso irregular del material desde el vecino país de Ecuador. Para evitar la detección de las autoridades, la sustancia era camuflada cuidadosamente dentro de cargamentos de abono para cultivos agrícolas.
Estos bultos, aparentemente inofensivos, eran transportados en camiones de carga pesada y a través de servicios de empresas de mensajería, atravesando departamentos clave hasta llegar a sus centros de distribución en diversas regiones de Colombia.
La pieza clave: infiltración en empresas de mensajería
Uno de los hallazgos más preocupantes para los investigadores fue el rol de Wilson Antonio Usamak Vásquez. El procesado aprovechaba su cargo dentro de una reconocida empresa de envíos y encomiendas para facilitar la logística criminal.
De acuerdo con el material probatorio, Usamak Vásquez habría coordinado y verificado personalmente al menos 20 despachos de clorato de potasio, garantizando que el material explosivo llegara a su destino sin ser interceptado por los filtros de seguridad internos de la transportadora. Su función era vital para mantener operativa la cadena de tráfico y asegurar la fluidez de los suministros hacia organizaciones criminales.
Resultados de una investigación a gran escala
Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a los tres detenidos el delito de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos. A pesar de que los procesados no aceptaron los cargos, un juez de control de garantías ordenó su traslado inmediato a un centro carcelario bajo medida de aseguramiento.
Este golpe no es un hecho aislado. Con estas capturas, la Fiscalía ya suma un total de 29 señalados integrantes de esta red judicializados en territorio colombiano. Además, las autoridades reportan una cifra histórica en materia de prevención: la incautación de más de 7 toneladas de material explosivo, evitando así la posible fabricación de miles de artefactos que habrían atentado contra la infraestructura y la población civil.
La vigilancia en los pasos fronterizos con Ecuador se mantiene en alerta máxima, mientras las autoridades buscan identificar a los destinatarios finales de este cargamento en el interior de Colombia.