En un anuncio que ha sacudido el tablero político regional, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó este viernes el impulso de una Ley de Amnistía General. La medida, que cuenta con el respaldo de Nicolás Maduro, busca beneficiar a personas procesadas por motivos políticos en un periodo que abarca desde 1999 hasta el presente, marcando un giro en la narrativa oficial del Gobierno venezolano.
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Durante la apertura de las actividades judiciales, Rodríguez enfatizó que la iniciativa busca cerrar heridas sociales. “Pido que no se imponga la revancha, la venganza y el odio. Estamos dando la posibilidad de vivir en paz en Venezuela”, declaró la mandataria, subrayando que la justicia debe traer estabilidad al país.
El fin del “temido” Helicoide
Uno de los puntos más impactantes del anuncio es la transformación de El Helicoide. Este recinto, ubicado en el centro-sur de Caracas y señalado internacionalmente por organizaciones de Derechos Humanos como un epicentro de abusos, torturas y hacinamiento, dejará de funcionar como centro de detención.
Según Rodríguez, las instalaciones serán reconvertidas en un centro de servicios sociales, deportivos, culturales y comerciales. Este espacio estará destinado tanto a la “familia policial” como a las comunidades aledañas, intentando resignificar un lugar que para muchos venezolanos es símbolo de dolor y extorsión.
¿Quiénes se benefician y quiénes quedan fuera?
Pese al alcance de la amnistía, la ley tendrá líneas rojas muy claras. La presidenta encargada precisó que quedarán exceptuados de cualquier beneficio procesal aquellos individuos señalados por:
- Homicidios.
- Tráfico de drogas.
- Corrupción.
- Violaciones a los Derechos Humanos.
Esta última salvedad genera interrogantes entre analistas, dado que gran parte de las detenciones cuestionadas por la comunidad internacional están precisamente ligadas a denuncias de abusos de autoridad y represión política.
La respuesta de la sociedad civil: ¿Justicia o impunidad?
El anuncio ha sido recibido con una mezcla de cautela y esperanza. Alfredo Romero, director presidente de la ONG Foro Penal, expresó a través de sus redes sociales que una amnistía siempre es bienvenida, siempre que no se convierta en un “manto de impunidad”. Romero subrayó la necesidad de que la medida incluya a toda la sociedad civil sin discriminación y contribuya al desmantelamiento real del aparato represivo.
Hasta la fecha, Foro Penal registra la salida de 302 personas tras los anuncios previos de liberación, una cifra que contrasta significativamente con las más de 800 reportadas por fuentes gubernamentales. La falta de un listado oficial con identidades sigue siendo la principal demanda de los familiares y de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, con quienes el Gobierno ha prometido establecer contacto para verificar los procesos.
Este movimiento político ocurre en un momento de alta presión internacional, donde la “tranquilidad y estabilidad” que invoca Rodríguez será puesta a prueba por la transparencia con la que se ejecuten estas liberaciones y la verdadera transformación de los centros de reclusión del país.