El pacífico chocoano se ve sacudido por un nuevo escándalo de corrupción administrativa. Una investigación liderada por la Fiscalía General de la Nación ha puesto al descubierto un sofisticado entramado de transferencias irregulares en la Alcaldía de Bahía Solano, donde más de $370 millones de pesos del erario público habrían terminado en manos de particulares y allegados a altos funcionarios.
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Los principales implicados son dos figuras clave en la administración de los recursos locales: Bernardo Alfonso Asprilla Abadía, jefe de Presupuesto, y Rodrigo Viñuela Jaramillo, secretario de Hacienda. Junto a ellos, la ciudadana Sonia Rodríguez Palacios ha sido señalada como pieza fundamental para el cobro y dispersión del dinero sustraído entre los años 2024 y 2025.
El “modus operandi”: Triangulación y cheques sin soporte
La investigación del fiscal de Administración Pública de la Seccional Chocó reveló una maniobra audaz. Según las pruebas, los funcionarios habrían contactado a un empleado de la empresa de aguas de Bahía Solano para utilizar la cuenta bancaria de dicha entidad sin el permiso de la gerencia.
El plan criminal se ejecutó bajo los siguientes pasos:
- Transferencia ilícita: Los funcionarios giraron $119.800.000 desde las cuentas de la Alcaldía hacia la empresa de aguas.
- Cobro por tercero: El dinero fue entregado mediante un cheque a Sonia Rodríguez Palacios, quien lo hizo efectivo el 18 de julio de 2025.
- Dispersión: Una vez con el efectivo, la mujer transfirió los fondos a personas del círculo cercano de Asprilla y Viñuela.
Lo más alarmante para los entes de control es que Rodríguez Palacios no tenía ningún vínculo contractual, ni como proveedora ni como contratista, que justificara legalmente dicho pago.
Una hemorragia de recursos constante
El análisis financiero de la Fiscalía no se detuvo en ese movimiento. Los investigadores detectaron otras dos consignaciones críticas realizadas entre enero de 2024 y diciembre de 2025. Se trata de montos por $132.966.998 y $121.799.136, enviados desde las arcas municipales a particulares que, según el reporte oficial, no tenían relación laboral alguna con la administración de Bahía Solano.
En total, el desvío de fondos supera los 370 millones de pesos, recursos que debían destinarse a la inversión social y el desarrollo de una de las zonas más necesitadas del departamento del Chocó.
Cargos y medidas judiciales
Ante la contundencia de las pruebas, los tres implicados fueron imputados por los delitos de:
- Peculado por apropiación en favor de terceros.
- Enriquecimiento ilícito.
- Asociación para cometer delitos contra la administración pública.
A pesar de que los procesados no aceptaron los cargos, un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en lugar de domicilio. Este caso abre un nuevo debate sobre la vigilancia de los recursos públicos en los municipios de categoría especial y la urgencia de controles digitales más estrictos en las tesorerías locales.