La Corte Constitucional ordenó la suspensión provisional inmediata del Decreto Legislativo 1390 del 22 de diciembre de 2025, mediante el cual el presidente Gustavo Petro había declarado el Estado de Emergencia Económica y Social.
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La decisión, adoptada por la Sala Plena con una mayoría de seis votos contra dos, activa un mecanismo para frenar las medidas del mandatario bajo la premisa de evitar un daño irremediable a la estructura democrática y al bolsillo de los colombianos.
Un giro histórico en la jurisprudencia
Esta decisión cambia la historia procesal de la Corte, modificando la tesis vigente desde 1994 que limitaba la suspensión de decretos legislativos. El tribunal concluyó que debe actuar para evitar que una norma que desde el inicio, pueda, afectar el equilibrio entre los poderes.
El expediente, radicado bajo RE-387, una decisión basada en la ponencia del magistrado Carlos Camargo Assis, la cual argumenta que la ejecución de este decreto podría causar “efectos graves e irremediables”.
En dicho documento, Camargo ya había cuestionado si las causas alegadas por el Gobierno, como la “negativa de la ley de financiamiento”, si eran situaciones nuevas o problemas que venían de tiempo atrás y por los cuales el Gobierno podría ser responsable, por acción u omisión.
Paralelo a la suspensión, el proceso de revisión de constitucionalidad (expediente RE-387) avanza con un fuerte componente probatorio. La Corte ha solicitado informes detallados sobre los pilares que el Gobierno usó para justificar la crisis, los cuales incluyen:
- El cumplimiento del auto relacionado con la UPC de salud, estimado en 3,4 billones de pesos.
- Recursos por 3,7 billones de pesos para garantías de seguridad por alteraciones del orden público y protección de líderes sociales.
- Obligaciones por sentencias judiciales ejecutoriadas y medidas cautelares pendientes de pago por un total de 14,9 billones de pesos.
- Desastres naturales causados por la ola invernal y el terremoto de Paratebueno y Medina, estimados en 0,5 billones de pesos.
Uno de los puntos que genera mayor interés en el alto tribunal es la aparente contradicción entre la limitación de endeudamiento dicha y las acciones financieras recientes. La Corte solicitó a la Presidencia y al Ministerio de Hacienda explicar por qué, luego de expedir el decreto, acudieron a la venta de bonos TES por 23 billones de pesos y asumieron una deuda por 152 billones de pesos.
La suspensión provisional frena la ejecución de medidas extraordinarias, incluyendo múltiples impuestos, mientras la Corte continúa con el estudio de fondo del caso.