La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, respaldó la decisión de la Corte Constitucional de suspender provisionalmente el decreto de emergencia económica, este decreto buscaba cubrir el déficit fiscal y recaudar fondos, por lo que pretendía incrementar el impuesto al consumo de licores.
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Según la mandataria, la medida impulsada por el Gobierno Nacional no afectaba a las élites económicas, sino que presuntamente ponía en riesgo la financiación de los servicios básicos para la población menos favorecida.
“Los megaricos viven en otros países, pero además no toman aguardiente; es la gente pobre la que realmente aporta para que podamos tener salud”, afirmó Toro. La funcionaria contradijo así las declaraciones del gobierno Petro, quienes habían señalado que la suspensión del decreto beneficiaba a los sectores más acaudalados del país.
El riesgo financiero detrás del sistema de salud subsidiado
Para la administración departamental, la preocupación central radica en el origen de algunos recursos que sostienen los hospitales públicos. El Valle del Cauca destina actualmente cerca de COP 700.000 millones de pesos a la ADRES (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud) para garantizar el régimen subsidiado, dinero que proviene en gran medida de las llamadas rentas cedidas (licores, cigarrillos y juegos de suerte y azar).
Toro advirtió que una disminución en el recaudo terminaría golpeando la prestación de servicios críticos. “Los que se afectan son los pobres, porque ellos son quienes necesitan el sistema de salud, quienes llegan y no les dan los medicamentos o no tienen su tratamiento oncológico”, enfatizó la gobernadora, subrayando que la educación y el deporte también dependen de este flujo de capital.
Una defensa constitucional de las rentas regionales
La estrategia de los mandatarios regionales, liderada por Toro desde la Federación Nacional de Departamentos, apunta ahora a una intervención técnica ante la Corte Constitucional. El argumento jurídico se basa en que estas rentas están protegidas por la Carta Política y no pueden ser alteradas mediante decretos de emergencia que ignoren su destinación específica.
“Ya le solicitamos a la Corte la oportunidad de intervenir como gobernadores para explicar esta realidad. Creemos que estamos protegidos, porque es la Constitución la que estableció que esas rentas sean cedidas exclusivamente para salud, educación y deporte”, explicó la mandataria.
Con esta suspensión, la Gobernación busca asegurar que el recaudo por el consumo de licores se mantenga estable para evitar recortes en la red hospitalaria y en los programas escolares del departamento durante el presente año fiscal.