El presidente de Colombia, Gustavo Petro, le respondió a la líder opositora venezolana María Corina Machado, luego de las críticas emitidas por esta, asegurando que cualquier proceso de transición en Venezuela debe evitar la exclusión política para no repetir ciclos de violencia.
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El mandatario respondió directamente a los cuestionamientos sobre su propuesta de que Nicolás Maduro sea juzgado en territorio venezolano y no en Estados Unidos, donde permanece capturado desde principios de enero de 2026.
Mediante un mensaje en su cuenta oficial de X, el jefe de Estado colombiano subrayó que la paz en Venezuela depende de un pacto que involucre a todos los sectores sociales y políticos. “Estoy seguro de que Venezuela debe iniciar una transición a más democracia y paz”, señaló Petro, enfatizando que excluir a figuras del espectro político, como ocurrió en su momento con la propia Machado, resulta “perjudicial”.
El reclamo de Machado por la justicia venezolana
La tensión entre ambos líderes aumentó luego de que Machado, desde Washington, pusiera en duda la imparcialidad de los tribunales venezolanos. Maria Corina recordó el caso de la jueza María Lourdes Afiuni para ejemplificar que ningún magistrado en Venezuela tiene autonomía frente al poder político. Para ella, la idea de Petro de devolver a Maduro a su país equivale a garantizar su impunidad.
Ante esto, Petro defendió el concepto de soberanía judicial como un principio universal. No obstante, presidente moderó su postura al sugerir que, si no se confía en el sistema local, la alternativa debería ser una justicia multilateral yprocesos regidos por leyes extranjeras, las cuales calificó previamente como ajenas a la cultura latinoamericana.
El foco de Petro parece estar puesto en la creación de un tribunal regional que medie en casos de alto impacto, como el narcotráfico y las crisis institucionales. Durante sus recientes intervenciones en Panamá y Bogotá, el presidente ha insistido en que la “extradición” de Maduro por parte de fuerzas estadounidenses es vista por su administración como un “secuestro” que vulnera la autonomía de la región.