Una grave denuncia sacude los cimientos de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y pone bajo la lupa la ejecución de la reforma agraria del Gobierno Nacional. La senadora Paloma Valencia ha revelado pruebas documentales que sugerirían la existencia de una red de corrupción dedicada al cobro de comisiones ilegales a cambio de la gestión en la compra de terrenos.
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Lo que muchos consideraban un secreto a voces en los pasillos de la entidad, parece haber tomado forma legal a través de contratos de mandato autenticados en notarías, los cuales vincularían directamente a una contratista de la ANT con propietarios de tierras.
El “Modus Operandi”: Comisiones bajo firma notarial
Según el hilo de la denuncia, el esquema habría operado mediante una abogada vinculada a la Secretaría General de la ANT desde junio de 2024. Mientras su contrato oficial con el Estado por $74.9 millones tenía como objetivo el apoyo jurídico, en la sombra se habría gestado un negocio paralelo.
El 11 de noviembre de 2024, la contratista habría suscrito tres contratos de mandato con el dueño de tres predios específicos. El compromiso era claro: el vendedor debía pagarle el 10% del valor total de la venta una vez que la Agencia Nacional de Tierras concretara la adquisición de los lotes.
“La comisión tenía como fundamento la ‘gestión’ que realizaría la contratista para lograr que la ANT comprara los lotes”, señaló la senadora Valencia.
Cifras alarmantes y predios ya adquiridos
La gravedad del asunto radica en que los tres predios en cuestión ya fueron comprados por la ANT, lo que habría activado el cobro de la presunta comisión. Se estima que el monto que habría recibido la contratista asciende a los $422 millones de pesos, una cifra que supera con creces el valor de sus honorarios legales con la entidad.
Los documentos habrían sido autenticados en las Notarías 5 y 25 de Bogotá, lo que deja un rastro documental que la senadora ha puesto a disposición de las autoridades.
Las preguntas que ponen en jaque a la ANT
Valencia ha formulado interrogantes punzantes que sugieren que este podría ser apenas el hilo de una madeja mucho más grande:
- ¿Actuó la contratista por cuenta propia o es un “testaferro” de altos directivos?
- ¿Se exigió esta comisión como requisito previo para que la ANT aceptara comprar los lotes?
- ¿A dónde fue a parar el dinero tras el depósito en la cuenta de la abogada?
- ¿Quién es “McEnroe” y cuál es su rol en este entramado?
Llamado urgente a los entes de control
La congresista calificó este episodio como una de las posibles “mayores ollas podridas” de la administración actual. Ante la contundencia de las pruebas, hizo un llamado urgente a la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría y la Fiscalía General de la Nación para que inicien investigaciones de fondo.
Este escándalo llega en un momento crítico para la Agencia Nacional de Tierras, cuya transparencia es vital para el cumplimiento de las metas de paz y equidad rural en Colombia. La opinión pública espera ahora una respuesta oficial de la entidad y de los organismos de control sobre el destino de los recursos públicos destinados al campesinado.