El Gobierno de Gustavo Petro ha puesto sobre la mesa un escenario de “colapso nacional” ante la inminente revisión de la emergencia económica por parte de la Corte Constitucional. Durante el último Consejo de Ministros, el mandatario aseguró que, de suspenderse esta medida excepcional, el Estado perdería la capacidad de cumplir con obligaciones básicas, incluyendo el pago de salarios a la Policía y el Ejército, así como los giros destinados a la salud y la educación en 2026.
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La advertencia surge en un momento de máxima tensión técnica, donde el Ministerio de Hacienda reporta un margen de maniobra casi nulo. De un presupuesto total de 54,6 billones de pesos, los gastos inflexibles (deuda, pensiones y transferencias de ley) consumen 51,2 billones, dejando apenas un 6 % de los recursos para inversión pública.
El mandatario también fue enfático en que, ante la falta de recursos, las opciones de recorte son prácticamente inexistentes debido a los mandatos de la Carta Política. Al respecto, el jefe de Estado señaló:
“Repiten que hay que recortar los gastos. Pues nosotros recortamos el año pasado 16 billones de pesos. Ya hemos recortado gasto. ¿Y entonces quieren recortar qué más gasto? Pues no quedaría sino recortar salud, educación, el sueldo de los soldados y la policía, las pensiones o el pago mismo de la deuda. La Constitución prohíbe todo eso, ordena que la deuda es primero que todo y que el gasto social no puede disminuir de año en año".
Petro explicó que la caída de las leyes de financiamiento en el Legislativo ya ha tenido un impacto real en las finanzas, encareciendo el servicio de la deuda externa. Según su análisis, la emergencia económica ha sido el único mecanismo para contener este fenómeno.
Según el jefe de Estado, la caída de las leyes de financiamiento en el Congreso ha disparado el costo de la deuda externa, situando al país en una trayectoria de insostenibilidad financiera. Petro argumentó que, ante la falta de un superávit primario, el país enfrenta un riesgo de “impagabilidad” que afectaría no solo a la actual administración, sino que dejaría una herencia crítica para el gobierno de 2026.
Presión sobre el alto tribunal y la oposición
El presidente también lanzó duras críticas a los sectores que han demandado la emergencia económica, sugiriendo que existe una estrategia para bloquear su gestión financiera desde los tribunales. Petro vinculó el encarecimiento de la deuda con la falta de apoyo político y judicial.
“Enfrentamos en el Congreso una fuerte oposición de un sector de la sociedad y ahora vuelve a resurgir para que la Corte Constitucional hunda la emergencia económica. Y algunos de los magistrados incluso se han expresado previamente”, mencionó el mandatario. Según su advertencia, si la justicia invalida la medida, se “dispara completamente el costo de la deuda y nos pone en graves aprietos”.
La Sala Plena de la Corte ha sido convocada de forma extraordinaria para esta semana con el fin de evaluar la constitucionalidad del decreto.
¿De dónde saldrán los recursos faltantes?
Ante la asfixia presupuestal, el Gobierno ha planteado alternativas que tocan directamente al sector privado y a las concesiones viales. El presidente propuso revisar los contratos administrados por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), señalando que existen cerca de 18 billones de pesos inmovilizados en concesiones que no han ejecutado los recursos.
La apuesta del Ministerio de Hacienda es recaudar entre 11 y 16 billones de pesos adicionales a través de los decretos de emergencia para evitar el cese de pagos o el recorte de programas sociales. De no lograrse, el impacto humano se sentiría en la paralización de proyectos de infraestructura regional y la posible suspensión de subsidios estatales.