A partir del 20 de julio de 2026, los miembros del Congreso de la República verán una reducción en sus ingresos mensuales. A través del Decreto 0030 del 19 de enero de 2026, el Gobierno Nacional dejó en firme la eliminación de la prima especial de servicios, un beneficio que actualmente asciende a COP 16.914.540 por legislador y que había sido objeto de críticas por la brecha frente al salario promedio de los colombianos.
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La normativa, gestionada por el Departamento Administrativo de la Función Pública y el Ministerio de Hacienda, anula el Decreto 2170 de 2013, el cual fue implementado durante la administración de Juan Manuel Santos para unificar diversos beneficios de transporte y vivienda en una sola bonificación. Con este ajuste, el salario anual de un parlamentario pasará de aproximadamente COP 640 millones a COP 625 millones.
Justicia social y austeridad: los motivos del recorte
El decreto oficial sostiene que la evolución del marco fiscal y administrativo del Estado hace imperativo ajustar el régimen salarial para asegurar la “coherencia con los principios de sostenibilidad fiscal, racionalidad del gasto público, transparencia y equidad”.
El texto enfatiza que la prohibición de desmejorar derechos sociales no es absoluta, especialmente cuando se trata de niveles de ingresos que impiden el “cierre de brechas” propuesto en el Plan Nacional de Desarrollo.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, señaló que la medida es una respuesta necesaria ante el déficit fiscal que enfrenta la Nación, calculado en COP 16,3 billones.
Además, el documento cita pronunciamientos previos del Ministerio de Salud que concluyen que la actividad de congresista “no se puede considerar de alto riesgo”, estando clasificada en el nivel de Riesgo I, lo que desvirtúa la necesidad de mantener primas adicionales por concepto de peligrosidad o condiciones especiales de salud que ya están cubiertas por el sistema general.
Por su parte, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, calificó la decisión como un acto de coherencia después del reciente incremento del 23 % en el salario mínimo. Según el Ejecutivo, la eliminación de esta prima generará un ahorro estimado de COP 56.000 millones anuales, recursos que se reorientarán para equilibrar las finanzas del Estado.
El sustento legal después de varios años de proyectos fallidos
A diferencia de los más de 20 proyectos de ley que se hundieron en la última década en el Capitolio, el Gobierno basó esta decisión administrativa en la Ley 4 de 1992 y en jurisprudencia de la Corte Constitucional (Sentencia C-608 de 1999). Según estos lineamientos, el Ejecutivo tiene la potestad de reconocer o retirar este tipo de primas basándose en la justificación de las circunstancias y la sostenibilidad fiscal.
Es importante aclarar que, para respetar los derechos adquiridos, el artículo 1 del Decreto 0030 especifica que la eliminación de la prima aplica para los miembros del Congreso “que se posesionen a partir del 20 de julio de 2026”. Esto significa que los actuales senadores y representantes terminarán su periodo con el régimen anterior, pero quienes resulten electos para el próximo cuatrienio entrarán con el sueldo recortado.
Actualmente, el salario bruto de un congresista se sitúa cerca de los COP 48 millones mensuales. Con la eliminación de los casi COP 17 millones de la prima especial, la remuneración básica se mantendrá, pero el neto percibido disminuirá notablemente.