El ministro del Interior, Armando Benedetti, le respondió a la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal, quien lo señaló de participar en política por un video que publicó en sus redes sociales.
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“Esto es inadmisible. Están participando en política, asunto que le está prohibido por Constitución a los funcionarios públicos como Benedetti. Se saben perdidos en estas elecciones y por eso recurren a todo tipo de maniobras. La Procuraduría debe actuar”, indicó la senadora del Centro Democrático a través de una publicación en su cuenta oficial en la red social X.
Poco después, Benedetti hizo una réplica y advirtió que no podía estar participando en política en la medida en la que el presidente Gustavo Petro no iba a participar en las elecciones presidenciales que se desarrollarán en los próximos meses.
“Participación en política?! El presidente Gustavo Petro no es candidato y no hay reelección, no puedo pedir el voto por él. Otra cosa es que resalte los logros del gobierno y a alguien le moleste!”, puntualizó el ministro del Interior.
En efecto, más temprano había hecho una controvertida publicación en la que advertía que la ciudadanía estaba respaldando al primer mandatario y que si él participara en una nueva elección, podría ganarles a todos los precandidatos presidenciales que están en carrera en la actualidad.
“Ningún candidato a la presidencia le ganaría al presidente Petro si hubiera reelección. En las calles, el obrero, el vigilante y el policía me gritan “Viva Petro! viva Benedetti”, mientras los del Country los dueños de la casa me ponen mala cara. Petro bajó el dólar, bajó la gasolina, no subió la papa ni el huevo…“, había señalado el ministro.
¿Qué es la “participación en política” de funcionarios y por qué está prohibida en Colombia?
En Colombia, la participación en política de funcionarios está prohibida. En el ordenamiento jurídico, este concepto se refiere a cualquier actuación que implique apoyar, promover o intervenir activamente en partidos, movimientos, campañas o controversias políticas usando su cargo o su autoridad.
Esto, sin embargo, no implica que los funcionarios deban privarse de ejercer algunos derechos políticos como votar y expresar sus opiniones. Lo que no pueden hacer es usar sus cargos para injerir en los procesos electorales y hacer proselitismo en favor de candidatos o colectividades.