Diecisiete gobernadores de Colombia han oficializado una postura de resistencia legal frente al Gobierno Nacional, anunciando que no implementarán el incremento del impuesto al consumo de licores y cigarrillos. La decisión, adoptada en una cumbre de la Federación Nacional de Departamentos (FND), se fundamenta en la defensa de la autonomía regional y el riesgo inminente de desfinanciación de los sistemas de salud y educación en los territorios.
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“No vamos a aplicar el decreto en materia de impoconsumo hasta que la Corte Constitucional se pronuncie”, mencionó Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca. La mandataria fue enfática en señalar que la medida del Ejecutivo central despoja a las regiones de sus rentas históricas: “El impacto negativo en las finanzas se queda en las regiones, y estos recursos no son para cualquier cosa: son para la salud, la educación y el deporte”.
La alerta de los mandatarios
El foco de la protesta radica en el destino del recaudo. Según los gobernadores, el decreto estipula que los recursos adicionales irán al Presupuesto General de la Nación, mientras que las administraciones locales deben asumir la caída del consumo y el aumento de la ilegalidad.
Toro advirtió sobre la gravedad operativa de esta decisión: “Si nos ponen más impuestos, si hay más contrabando y los recursos se van para el Gobierno nacional, ahí sí que no vamos a tener recursos para salud, educación ni deporte”. Incluso, fue más allá al señalar que el Valle ya enfrenta dificultades: “No vamos a tener recursos ni siquiera para pagar el régimen subsidiado”, puntualizó en entrevista con medios nacionales.
Por su parte, el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, reforzó la tesis de que el centralismo está ignorando la realidad de las arcas departamentales. “El Gobierno nacional no puede tomar decisiones de este calibre sin concertar previamente el impacto fiscal en los departamentos”, afirmó Amaya, quien además calificó la situación no como una “rebelión”, sino como un “profundo inconformismo” técnico.
El precio del aguardiente: de 40.000 a 70.000 pesos
La preocupación no es solo macroeconómica, sino de mercado. Los mandatarios citaron cifras exactas sobre cómo el impuesto del 19 % golpeará al consumidor final. La gobernadora del Valle advirtió que “el aumento del impuesto de consumo podría generar un incremento en el precio entre el 30 % y el 40 %”.
Este fenómeno dispararía el contrabando, un mercado que, según los datos regionales, ya está mermando las rentas en un 40 % debido a la acción de bandas criminales. Amaya puso nombres propios a la crisis, mencionando que productos culturales y económicos como el aguardiente Líder, el Ónix 100 y el Amarillo de Manzanares quedarían en una posición de vulnerabilidad frente a los licores adulterados.
Batalla jurídica y cita en el Ministerio de Hacienda
Ante las críticas del Gobierno central, que ha sugerido denuncias por prevaricato, los mandatarios aseguran que su actuación está blindada por la ley. “Nosotros no vamos a hacer las cosas así por así, las vamos a hacer como debe ser y de acuerdo a la ley y a la justicia”, aseguró Toro, confirmando que interpondrán tutelas por la violación al derecho fundamental a la salud.
La baraja jurídica incluye la excepción de inconstitucionalidad, que permite a los funcionarios abstenerse de aplicar normas que vulneren la Carta Magna. El próximo lunes, a las 8:00 a. m., los gobernadores se verán las caras con el ministro de Hacienda, Germán Ávila, en una reunión definitiva para intentar destrabar el conflicto que hoy tiene en vilo más de 5 billones de pesos de recaudo regional.