El panorama político en Colombia ha escalado a un nivel de tensión institucional sin precedentes. Tras el anuncio de un bloque de mandatarios departamentales de no aplicar el decreto de emergencia económica expedido por el presidente Gustavo Petro, el ministro del Interior, Armando Benedetti, lanzó una advertencia que pone en jaque la estabilidad jurídica de las regiones.
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Para el Gobierno Nacional, la postura de los gobernadores no es solo un acto de disidencia política, sino un “mal ejemplo” que raya en la ilegalidad. Según Benedetti, al invitar al desacato de una norma vigente, los mandatarios estarían usurpando funciones exclusivas de la Corte Constitucional, único órgano facultado para suspender los efectos de un decreto presidencial.
El fantasma del prevaricato y la responsabilidad pecuniaria
La advertencia del ministro del Interior fue contundente y tocó el punto más sensible para cualquier funcionario público: su patrimonio personal. Benedetti señaló que los mandatarios que se nieguen a aplicar el decreto podrían incurrir en el delito de prevaricato.
“Pueden haber prevaricado al no acatar la ley. Incluso, ellos podrían responder con sus propios bienes y sus recursos, su pecunio, lo que se pretende recoger de los impuestos que se están poniendo”, sentenció el funcionario.
Esta declaración sugiere que, si el Estado deja de percibir los recursos proyectados en la emergencia económica por culpa de la inacción regional, los gobernadores podrían ser perseguidos civil y penalmente para resarcir esos fondos con sus ahorros personales.
La “Rebelión de las Regiones”: El frente liderado por Dilian Francisca Toro
Desde la otra orilla, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, actuando como vocera de un grupo de mandatarios, defendió la decisión “unánime” de frenar la aplicación de la norma. El argumento central es la protección de los recursos para salud, educación y deporte, los cuales, según los gobernadores, se verían seriamente afectados por las nuevas cargas impositivas del Ejecutivo.
La estrategia de las regiones se basa en tres pilares jurídicos:
- Documento técnico a la Corte: Una exposición de motivos sobre el impacto negativo en las finanzas territoriales.
- Acciones de tutela: Cada gobernador interpondrá recursos individuales para proteger derechos fundamentales.
- Excepción de inconstitucionalidad: Una herramienta que permite no aplicar una norma cuando esta contradice de manera evidente la Constitución.
Antioquia se suma al bloque de resistencia
Uno de los críticos más férreos ha sido el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien calificó la carga tributaria del Gobierno como “abusiva”. Rendón confirmó que su departamento hará uso de la excepción de inconstitucionalidad para ignorar el decreto hasta que la Corte emita un fallo de fondo.
“Para Antioquia esto es una amenaza a la autonomía fiscal de las regiones”, afirmó Rendón, subrayando que la Constitución colombiana otorga herramientas de defensa inmediata frente a actos que “desbordan los cauces constitucionales”.
Con 17 departamentos inicialmente alineados en esta postura, el país se encamina a un pulso jurídico histórico. El desenlace ahora depende de la celeridad con la que la Corte Constitucional se pronuncie, mientras los ciudadanos quedan a la expectativa de si los nuevos impuestos se cobrarán o si la “rebelión” regional logrará frenar las ambiciones fiscales de la Casa de Nariño.