La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) emitió una alerta nacional este 16 de enero luego de confirmarse una reducción presupuestal que afecta directamente a dos de los proyectos viales y ambientales más importantes del país. El ajuste, que asciende a cerca de COP 1 billón de pesos, impacta las vigencias futuras destinadas a la vía Mulaló–Loboguerrero y la restauración del Canal del Dique, obras que ya enfrentan incertidumbre sobre su ejecución y mantenimiento.
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De acuerdo con el gremio, la disminución de recursos se desglosa en un recorte de COP 340.000 millones para el corredor en el Valle del Cauca y de COP 636.000 millones para el ecosistema del Caribe. Estas cifras no solo comprometen la viabilidad técnica de los proyectos, sino que, según la CCI, contradicen las prioridades establecidas en el actual Plan Nacional de Desarrollo.
Denuncian decisiones unilaterales y riesgos jurídicos
El foco de la controversia radica en el procedimiento utilizado por el Ejecutivo. La CCI señala que, a pesar de existir un decreto expedido el 29 de diciembre del año pasado que exigía un acuerdo mutuo para modificar las vigencias futuras, el Gobierno habría procedido a recortar los fondos de manera unilateral apenas 48 horas después de la firma de dicha norma.
Esta acción ha sido calificada por el sector privado como un precedente peligroso para la seguridad jurídica en Colombia. “Esta actuación transgrede los lineamientos que el mismo Ejecutivo estableció”, advirtió el gremio, enfatizando que alterar compromisos contractuales ya adquiridos con los concesionarios podría derivar en millonarias demandas y pasivos contingentes para el Estado colombiano.
Impacto en la competitividad regional
La parálisis o el retraso de estas obras supone un golpe directo a la integración regional. El proyecto Mulaló–Loboguerrero es considerado el “pulmón” logístico para el puerto de Buenaventura, mientras que la intervención en el Canal del Dique es vital para mitigar riesgos de inundaciones y restaurar la navegabilidad en la zona de influencia de Cartagena y los departamentos aledaños.
Ante este escenario, la Cámara de la Infraestructura instó al Gobierno Nacional a restablecer de inmediato los recursos previstos para el año. Asimismo, el comunicado gremial recordó que el incumplimiento de estos pagos obligatorios podría acarrear sanciones disciplinarias y fiscales para los funcionarios responsables de poner en riesgo la estabilidad de estas obras esenciales.