El proceso judicial que ponía en la cuerda floja el incremento del 23 % en el salario mínimo para 2026 dio un giro inesperado. A pesar de que el Consejo de Estado decidió admitir para su estudio la demanda de nulidad contra el Decreto 1469 de 2025, el abogado demandante, Germán Eduardo Castro Marín, anunció el retiro formal de la acción debido a presuntas amenazas contra su integridad y la de su familia.
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La decisión fue comunicada a través de un documento en el que el jurista prioriza la seguridad de su hogar sobre la controversia nacional. Castro Marín lamentó que el ejercicio legítimo del derecho se viera empañado por una “incomprensible ola de intolerancia” que escaló luego de conocerse que el alto tribunal examinaría la legalidad del decreto firmado por el presidente Gustavo Petro.
Admisión en el Consejo de Estado: ¿Qué se cuestionaba?
La admisión por parte del magistrado Luis Eduardo Mesa Nieves significaba que los argumentos del abogado tenían sustento jurídico inicial. La demanda no buscaba un ataque político, sino una revisión técnica de la Ley 278 de 1996, alegando que el Gobierno Nacional incurrió en una “falsa motivación” al fijar el salario en dos millones de pesos.
Entre los puntos clave que el Consejo de Estado se disponía a investigar se encontraban:
- Desviación de parámetros legales: El uso de estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre brecha salarial, en lugar de los indicadores de inflación, productividad y PIB que exige la normativa colombiana.
- Falta de concertación: El hecho de que el decreto se emitiera sin el consenso histórico entre gremios y sindicatos, quienes habrían propuesto porcentajes significativamente inferiores.
- Vicios de forma: La presunta ausencia de una justificación técnica suficiente en la alocución oficial para sustentar un incremento de tal magnitud.
“Ninguna controversia jurídica vale más que la seguridad y la paz de mi hogar”, sentenció Castro Marín en su comunicado. El litigante reportó haber recibido múltiples mensajes de odio que lo llevaron a desistir del proceso justo cuando este entraba en su etapa más crítica.
Para el demandante, el hecho de que el Consejo de Estado admitiera la demanda ya representa una “satisfacción profesional”, pues confirma que el máximo tribunal de lo contencioso administrativo encontró méritos en sus tesis jurídicas. Sin embargo, denunció que atacar a un abogado por ejercer la ley es un golpe directo a la democracia colombiana.
Con el retiro de Castro, el trámite judicial ante el alto tribunal se encamina a su terminación administrativa. Esto deja en firme, al menos bajo este radicado, el aumento del salario mínimo que sectores empresariales han calificado como un riesgo para la estabilidad económica, pero que el Ejecutivo defiende como un acto de justicia social ante la inequidad histórica.