El panorama de la vivienda en Colombia enfrenta un momento de incertidumbre regulatoria. Ante el reciente anuncio del Gobierno Nacional sobre la modificación en la fórmula para fijar el precio de la Vivienda de Interés Social (VIS), la Procuraduría General de la Nación ha decidido intervenir de manera preventiva. El organismo busca evitar un “caos” contractual que afecte tanto a las constructoras como, principalmente, a las familias que ya tienen ahorros comprometidos.
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El cambio: De Salarios Mínimos a Pesos Colombianos
Tradicionalmente, el tope de la vivienda VIS se ha calculado con base en el Salario Mínimo Legal Mensual Vigente (SMLMV). Sin embargo, la propuesta de transitar hacia un precio fijo en pesos colombianos ha encendido las alarmas.
Según la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia de la Función Pública, este cambio no es un simple trámite administrativo. La entidad advierte que la reforma podría desencadenar riesgos normativos, financieros y sociales. La preocupación radica en que este nuevo modelo podría generar desajustes entre el precio final del inmueble, los subsidios otorgados por el Estado y la capacidad de crédito de los bancos.
Los riesgos que detecta el Ministerio Público
La intervención de la Procuraduría, dirigida mediante un oficio técnico al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, se centra en tres ejes críticos:
- Seguridad Jurídica: Existe un vacío sobre qué pasará con los proyectos que ya están en construcción y las promesas de compraventa firmadas. ¿Se mantendrán los precios pactados o entrarán en el nuevo régimen?
- Protección al Consumidor: El ente de control busca evitar “descalces” financieros. Si el precio de la vivienda sube por encima de la actualización de los subsidios, miles de familias podrían perder su cupo al no alcanzar el cierre financiero.
- Litigiosidad: La falta de claridad en el régimen de transición podría provocar una ola de demandas por incumplimientos contractuales entre compradores y constructoras.
“Es fundamental garantizar una articulación adecuada entre el precio de los inmuebles y los esquemas de financiación para no golpear el bolsillo de los colombianos más vulnerables”, señala el organismo.
Cita clave: Mesa técnica el 28 de enero
Para evitar que la política pública de vivienda se convierta en un problema social, la Procuraduría ha convocado a una mesa técnica interinstitucional el próximo 28 de enero. En este encuentro se analizarán los impactos del proyecto de decreto antes de su implementación definitiva.
El objetivo es claro: lograr que la transición sea armónica y que el derecho a la vivienda digna no se vea vulnerado por tecnicismos económicos que no prevean la realidad del mercado inmobiliario actual. Los colombianos que están en proceso de adquirir vivienda VIS deberán estar atentos a las conclusiones de esta mesa, que definirán las reglas de juego para los próximos años.