La Fiscalía General de la Nación radicó una demanda de casación ante la Corte Suprema de Justicia con el objetivo revocar la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá que absolvió al expresidente Álvaro Uribe Vélez. El ente acusador busca que se restablezca la condena de primera instancia de 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.
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A través de un documento de 108 páginas, suscrito por la fiscal delegada Marlene Orjuela Ramírez, la entidad sostiene que el Tribunal incurrió en “graves y trascendententes errores” al valorar el acervo probatorio. Según la tesis de la Fiscalía, la decisión que dejó en libertad al exmandatario se basó en una apreciación fragmentada de las pruebas y en la exclusión indebida de elementos clave para el proceso.
El debate por las interceptaciones telefónicas
Uno de los ejes centrales del recurso extraordinario es la validez de las interceptaciones telefónicas realizadas al expresidente. Mientras que el Tribunal Superior las declaró ilegales, la Fiscalía argumenta que hubo un “falso juicio de legalidad”. La entidad insiste en que la captación de las llamadas fue producto de un error humano razonable al confundir la línea de Uribe con la del exrepresentante Nilton Córdoba, y no un acto de mala fe.
Para la Fiscalía, excluir estos audios impide ver el panorama completo de la presunta manipulación de testigos. El recurso solicita a la Corte que estas pruebas sean reintegradas al análisis, asegurando que, junto a otros testimonios, confirman la responsabilidad de Uribe como el que ejecutó esas las conductas delictivas.
Los testimonios que reactivan el caso
La demanda de casación desglosa varios eventos específicos donde, a juicio del ente acusador, la justicia falló en su interpretación:
- Caso Carlos Enrique Vélez: La Fiscalía cuestiona que se descartara este testimonio por supuesta falta de espontaneidad, ignorando que los giros de dinero y visitas coinciden con la versión del testigo.
- Evento Juan Guillermo Monsalve: El recurso señala que el Tribunal desconoció elementos probatorios que vinculan directamente las presiones al testigo con el proceso penal.
- “Episodio” de Alias Diana: Se alega un “falso raciocinio” al desestimar la declaración de Eurídice Cortés, cuya relevancia sería vital para probar la unidad del plan criminal.
Impacto en la justicia colombiana
Este movimiento judicial representa un choque de interpretaciones entre instancias. La Fiscalía se apoya en el salvamento de voto de la magistrada María Leonor Oviedo Pinto, quien en su momento advirtió sobre la existencia de un “patrón común y sistemático” de ofrecimiento de beneficios y presiones para radicar documentos falsos en los expedientes de la justicia.
De prosperar los cargos presentados por la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia tendría la potestad de revocar la libertad del expresidente y confirmar la sentencia de la Juez 44 Penal del Circuito de Bogotá, que lo halló culpable el año pasado. El país queda a la espera de que el alto tribunal determine si admite el recurso, en lo que se perfila como el capítulo definitivo de este largo proceso judicial.
