La Corte Constitucional reactivó sus funciones luego de las festividades decembrinas con una decisión que marca la economía del país en este 2026. Mediante un sorteo extraordinario, el magistrado Carlos Camargo Assis fue designado como el encargado de liderar el estudio de constitucionalidad del Decreto 1390, la pieza jurídica con la que el Gobierno de Gustavo Petro declaró el Estado de Emergencia Económica y Social el pasado diciembre.
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Camargo, exdefensor del Pueblo, deberá determinar si el Ejecutivo abusó de sus facultades excepcionales para cubrir el hueco fiscal dejado por el hundimiento de la Ley de Financiamiento en el Congreso. Al mismo tiempo, el magistrado Juan Carlos Cortés asumió la ponencia del Decreto 1474, que contiene las medidas tributarias específicas para el recaudo de recursos.
¿Devolución de impuestos
El proceso arranca bajo una fuerte presión del sector privado. El Consejo Gremial Nacional (CGN), liderado por Camilo Sánchez, ya radicó una solicitud formal ante la Corte para que se suspendan los efectos del decreto de manera provisional.
El argumento de los gremios es crítico y directo, ya que dicen permitir que el Gobierno recaude dinero bajo una norma que podría ser declarada inexequible generaría una “inseguridad jurídica” sin precedentes.
Si la ponencia de Camargo concluye que la crisis no era “imprevisible”, requisito indispensable para la emergencia, y la Sala Plena tumba el decreto, el Estado colombiano enfrentaría un escenario administrativo complejo: la obligación de reintegrar a los contribuyentes los dineros cobrados bajo el amparo de esta normativa excepcional.
¿Tenía el Gobierno otras salidas antes de la emergencia?
El debate jurídico se centrará en si la Casa de Nariño agotó los mecanismos ordinarios antes de saltar al estado de excepción. Organismos técnicos como el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) y diversos centros de pensamiento han reiterado que el Ejecutivo tenía alternativas, como el recorte del gasto público, estimado en 36 billones de pesos colombianos, o la ejecución de operaciones de crédito público a través del Ministerio de Hacienda.
Para que la declaratoria sobreviva al examen de la Corte, el Gobierno deberá demostrar que la falta de aprobación de los COP 12 billones (2025) y COP 16,3 billones (2026) en el Legislativo constituía una crisis imposible de manejar por las vías legales comunes.
Por ahora, el cronograma de la Corte incluye la solicitud de conceptos a la Procuraduría General y audiencias técnicas, en un caso que el tribunal ha calificado como de “máxima prioridad”.