En las últimas horas se conoció una carta firmada por varios exministros y exviceministros del sector salud que advirtieron el complejo panorama que está atravesando el sistema sanitario del país este año. Además, criticaron duramente la gestión del gobierno del presidente Gustavo Petro en esta materia.
(Lea también: Ministro de Justicia denunció que lo ‘chuzaron’ con Pegasus y culpó a otro ministerio del Gobierno Petro).
La carta la firmaron exministros como Alejandro Gaviria, Fernando Ruiz, Augusto Galán, Jaime Arias, Gabriel Riveros y Beatriz Londoño.
“Las decisiones adoptadas por el gobierno nacional en el último tiempo tienen un resultado claro y alarmante para los usuarios y pacientes del sistema de salud: mayor incertidumbre, mayores barreras de acceso, mayor sufrimiento y muerte. El año 2025 terminó mal para quienes dependen del sistema de salud, y el 2026 comienza con decisiones que profundizan la desfinanciación y el deterioro del servicio, adoptadas con preocupante indiferencia frente a las advertencias técnicas, institucionales y humanas que se han hecho a lo largo de todo el año anterior“, advirtieron los exfuncionarios.
En la carta, los exministros también argumentan que el incremento del salario mínimo decretado para 2026, aunque representa una mejora en el poder adquisitivo de cerca del 10 % de la población laboralmente activa, tendría un impacto significativo sobre las finanzas públicas y el sistema de salud del país.
Adicionalmente, citan distintos análisis técnicos que alertan sobre un aumento del déficit fiscal y una mayor presión sobre la financiación de la Unidad de Pago por Capitación (UPC). De hecho, señalaron que, de acuerdo con el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, el alza del salario mínimo incrementaría el déficit fiscal en aproximadamente 5,3 billones de pesos durante 2026.
A este efecto, indicaron, se suma un costo adicional cercano a los 4,5 billones de pesos para el sector salud, una cifra que equivale a cerca del 40 % de los recursos que el propio Gobierno anunció para financiar el aumento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) -que se refiere a la plata que gira el Estado colombiano a las EPS por cada afiliado-.
Algo clave es que, según los exministros, este impacto no fue incorporado en los cálculos técnicos de necesidad de financiación elaborados por equipos expertos de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) y la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI). Dichos estudios estimaban que para 2026 la UPC requería un incremento de entre el 15 % y el 17 %.
En ese sentido, señalaron que el aumento del 16 % anunciado para la UPC del régimen subsidiado resulta “insuficiente”, en la medida en que no logra absorber el choque de costos derivado del salario mínimo ni cumplir con la orden de la Corte Constitucional de cerrar la brecha entre los regímenes contributivo y subsidiado, establecida desde la Sentencia T-760 de 2008.
Una situación similar está atravesando el régimen contributivo, pues señalaron que el incremento se fijó en 9 % y la necesidad estimada asciende al 17 %.
“Lo que describimos no corresponde a una queja aislada de un grupo de exfuncionarios. Es evidencia de una crisis deliberada y un clamor generalizado de los agentes del sistema de salud, de su sociedad civil, así como de las máximas instancias de control del país. El daño al sistema de salud debe detenerse; no pueden continuar esas determinaciones y acciones de política pública adoptadas por este gobierno, porque son equivocadas e indignas”, concluyeron los exministros en su carta.