La permanencia del presidente Gustavo Petro, su núcleo familiar y altos funcionarios en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), conocida como ‘Lista Clinton’, se ha convertido en el punto crítico de la relación bilateral entre Colombia y Estados Unidos.
(Puede leer también: Ministro de Defensa de Colombia viaja a EE. UU. para preparar encuentro Petro-Trump y fortalecer cooperación antidrogas)
La canciller Rosa Yolanda Villavicencio confirmó que este tema será el eje de las reuniones preparatorias con el Secretario de Estado, Marco Rubio, de cara al encuentro presidencial previsto para febrero en la Casa Blanca.
La inclusión en este listado no solo supone un estigma reputacional por presuntos vínculos con actividades ilícitas, sino que genera bloqueos logísticos reales. Según la Cancillería, recientemente se negó el suministro de combustible al avión presidencial en el aeropuerto de Barajas (Madrid), debido a que las empresas operadoras temen represalias de EE. UU. por prestar servicios a personas sancionadas.
¿Cómo podría ingresar Petro a EE. UU. sin visa?
Un desafío adicional para la delegación colombiana es la cancelación de la visa del mandatario, ocurrida en septiembre de 2025. Villavicencio detalló a medios nacionales que el viaje se amparará en el “convenio sede” de las Naciones Unidas. Este mecanismo legal permite el ingreso de jefes de Estado para funciones de representación oficial, a pesar de que las sanciones financieras y la restricción migratoria ordinaria sigan vigentes.
La estrategia de Colombia busca aprovechar la transición hacia el gobierno de Donald Trump para abrir un “diálogo cordial”. El objetivo es doble, ya que, retirar los nombres del entorno presidencial de la lista de la OFAC y revertir la descertificación de Colombia en materia de lucha antidrogas.
Lupa sobre contrato de $10.000 millones para defensa jurídica
Mientras se gestiona la vía diplomática, el Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) generó un fuerte sismo político al suscribir un contrato por 10.000 millones de pesos colombianos con la firma británica Amadeus Consultancy Limited. El objeto es recibir asesoría especializada sobre regímenes de sanciones internacionales y todo lo que tenga que ver con esta lista.
La controversia radica en que el representante legal de dicha firma es el abogado estadounidense Daniel Kovalik, quien meses atrás aseguró públicamente que defendería al presidente de forma gratuita y “por convicción”.
La ejecución del contrato, que durará cuatro meses, ha desatado fuertes críticas desde la oposición. La senadora María Fernanda Cabal y la representante Katherine Miranda cuestionaron el uso de recursos públicos para lo que consideran una defensa de carácter personal.
El Gobierno defiende la legalidad del contrato, argumentando que se trata de una asesoría necesaria para proteger la operatividad del Ejecutivo frente a bloqueos internacionales que afectan el funcionamiento del Estado.