El sistema internacional de gobernanza enfrenta este lunes uno de sus momentos más críticos en las últimas décadas. La sede de las Naciones Unidas en Nueva York es el escenario de una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad, convocada tras la operación militar de Estados Unidos que culminó el pasado sábado con la captura de Nicolás Maduro y su traslado a territorio estadounidense.
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La sesión, impulsada por la misión diplomática de Colombia y respaldada por potencias como Rusia y China, busca determinar si la incursión militar en Caracas vulneró la Carta de las Naciones Unidas y la integridad territorial de Venezuela.
Mientras los delegados debaten en la sala circular, a pocos kilómetros, en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Manhattan, el destino de Maduro toma un rumbo estrictamente judicial.
La postura de Colombia: “No es una opción, es una obligación”
Durante la jornada, la intervención de Leonor Zalabata Torres, delegada de Colombia ante la ONU, marcó la línea crítica de los países vecinos. Con un tono institucional pero enfático, Zalabata condenó los bombardeos sobre instalaciones civiles y militares en Caracas, calificándolos como “evidentes violaciones a la soberanía y la integridad territorial”.
“Dichas acciones constituyen una grave infracción al derecho internacional”, señaló la delegada. Según la representación colombiana, la democracia no puede ser impuesta mediante la coerción, alertando además sobre el “precedente preocupante” que sienta el hecho de que un miembro permanente del Consejo de Seguridad asuma el control de otro estado para, presuntamente, apropiarse de recursos estratégicos.
Colombia, que ahora actúa como miembro no permanente del Consejo, advirtió sobre el impacto humano en la región. La delegación subrayó que el país ya ha dispuesto medidas preventivas en sus fronteras ante un previsible flujo masivo de migrantes forzado por la inestabilidad de los ataques.
El llamado de António Guterres
En este contexto de alta tensión, el secretario general de la ONU, António Guterres, manifestó su “profunda preocupación” por la escalada militar.
A través de una declaración leída por la subsecretaria general Rosemary DiCarlo, Guterres recordó ante el Consejo de Seguridad que el derecho internacional “prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial de los estados”.
El máximo responsable del organismo advirtió sobre el “precedente que podría sentar respecto de cómo se conducen las relaciones entre los Estados” y detalló que los bombardeos afectaron a Caracas y a los estados de Miranda, Aragua y La Guaira. Aunque el número de víctimas aún no ha sido precisado, la Secretaría General instó a respetar la independencia política de las naciones para evitar una inestabilidad que impacte a toda la región.
Rusia exige la liberación y denuncia una “operación criminal”
Uno de los momentos más tensos de la jornada fue la intervención del representante de Rusia ante la ONU, Vasily Nebenzya, quien calificó el operativo estadounidense como una “operación criminal” y un “acto de agresión”.
El diplomático ruso exigió la liberación “inmediata” de Maduro y su esposa, Cilia Flores, advirtiendo que Washington aplica el orden mundial “de forma selectiva, según intereses políticos”. Según Nebenzya, este tipo de acciones generan consecuencias devastadoras para la estabilidad internacional y el respeto a las normas que rigen a los estados soberanos.
China: “Las soluciones militares no son tales”
El discurso de Lin Jian, representante de China fue crítico y directo. El diplomático recordó intervenciones pasadas de Estados Unidos sin aval internacional, como en Irak e Irán, para advertir que “el uso indiscriminado de la fuerza no provocará sino mayores crisis”.
“Venezuela es un Estado independiente y soberano”, afirmó Jian, subrayando que los países latinoamericanos tienen el derecho de elegir sus propios socios y sendas de desarrollo. Concluyó con una frase que resonó en la sala: “Ningún país puede erigirse en policía del mundo”.
EE. UU.: “Capturamos a un narcotraficante, no a un presidente”
Durante la reunión de urgencia en las Naciones Unidas, Michael Waltz justificó la detención y traslado a Estados Unidos de Nicolás Maduro y Cilia Flores, calificando la acción como una medida de “cumplimiento de la ley” necesaria para proteger la seguridad nacional frente al narcoterrorismo.
Waltz sostuvo que Maduro no es un jefe de Estado legítimo, sino el cabecilla del Cártel de los Soles, una organización que, según denunció, utiliza el tráfico de drogas y la alianza con grupos como el Tren de Aragua y Hezbolá como herramientas de “guerra irregular” contra el pueblo estadounidense.
Al comparar la operación con el arresto de Manuel Noriega en 1989, el funcionario subrayó que el gobierno de Donald Trump no permitirá que Venezuela siga siendo un “núcleo de operaciones” para potencias extranjeras y actores malignos, enfatizando que la evidencia de crímenes de lesa humanidad y la desestabilización regional causada y según EE. UU. miles de venezolanos legitiman la acción de EE. UU. para restaurar la estabilidad en el hemisferio.
El frente judicial en Manhattan
Mientras los diplomáticos debaten en la ONU, el eje de la noticia se traslada al Tribunal Federal del Distrito Sur de Manhattan. Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes permanecen bajo custodia en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, están citados este lunes ante el juez Alvin Hellerstein.
Los cargos que enfrenta el mandatario son de alta gravedad: conspiración para el narcoterrorismo, importación de cocaína y posesión de dispositivos destructivos.
Este proceso judicial ocurre en paralelo a las denuncias del embajador venezolano ante la ONU, Samuel Moncada, quien calificó la detención como un “secuestro ilegal” en el marco de una “guerra colonial”.