La seguridad de los colombianos tiene un nuevo precio y no es precisamente bajo. Tras la reciente fijación de las tarifas mínimas obligatorias por parte de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, los presupuestos de conjuntos residenciales, comercios y empresas industriales enfrentan un desafío financiero sin precedentes.
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Lo que antes de la Navidad de 2025 se liquidaba bajo una estructura de costos conocida, hoy se traduce en facturas que superan los 19 millones de pesos mensuales por puesto, un incremento que amenaza con cambiar la forma en que nos protegemos.
La escalada de cifras: Del papel a la realidad del usuario
El pasado 30 de diciembre, la Supervigilancia oficializó mediante circular las tarifas para empresas y cooperativas de seguridad. Sin embargo, el verdadero impacto se siente al desglosar los costos operativos bajo la nueva realidad económica del país.
Para entender la magnitud del alza, basta con mirar la evolución de un puesto de vigilancia 24/7 (tres turnos):
- Diciembre 2025: El costo rondaba los COP 14,9 millones.
- Enero 2026: Con el salario mínimo ajustado a COP 2 millones (incluyendo auxilio de transporte), el costo saltó a COP 18,8 millones.
- Julio 2026: El impacto de la reforma laboral (dominicales y festivos al 100%) elevará la cifra a COP 18,9 millones.
- Proyección Jornada 42 horas: Al aplicar la reducción de la jornada semanal, el costo final por puesto alcanzará los COP 19,6 millones.
En menos de seis meses, el incremento acumulado supera el 30%, lo que representa un gasto adicional de casi COP 4,7 millones mensuales por cada vigilante permanente.
¿Por qué sube tanto la vigilancia?
A diferencia de otras industrias donde la automatización puede mitigar los costos, la vigilancia privada en Colombia es intensiva en personal. Según datos de Fedeseguridad, entre el 80% y el 90% de la estructura de costos de una empresa del sector corresponde exclusivamente a la nómina.
Con márgenes de utilidad que oscilan apenas entre el 2% y el 3%, las empresas de seguridad no tienen capacidad de absorber los aumentos del salario mínimo o los nuevos recargos de la reforma laboral. Esto obliga a trasladar el costo íntegro al usuario final: el copropietario de un edificio o el dueño de una bodega.
El riesgo de la informalidad y la apuesta tecnológica
Los gremios del sector, representados por Confevip y Fedeseguridad, han encendido las alarmas. El temor principal no es solo el alza, sino la posible migración hacia la informalidad. Ante la imposibilidad de pagar las tarifas legales, muchos conjuntos residenciales podrían optar por servicios que no cumplen con los estándares de ley ni con las garantías prestacionales para los trabajadores.
Como respuesta a esta crisis de costos, el sector empieza a ver una aceleración en la adopción de tecnología automatizada. Cámaras con inteligencia artificial, controles de acceso biométricos y centrales de monitoreo remoto se perfilan como la única alternativa para reducir el número de puestos humanos sin sacrificar la seguridad, buscando equilibrar una balanza financiera que, por ahora, parece inclinada hacia el gasto excesivo.