La situación de los ciudadanos colombianos privados de la libertad en Venezuela permanece en un estado de incertidumbre. Luego de los recientes anuncios de excarcelación de 87 personas en el país vecino, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia confirmó que, hasta la fecha, no ha recibido notificación oficial que incluya a nacionales dentro de este grupo de beneficiados.
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A través de un comunicado emitido por la cartera que dirige Rosa Villavicencio, el Gobierno Nacional precisó que mantiene un “monitoreo permanente” a través de la Embajada en Caracas y la red de consulados. El objetivo es verificar si alguno de los connacionales que permanecen en centros penitenciarios venezolanos ha sido objeto de las medidas cautelares dictadas por el sistema de justicia de ese país.
El silencio administrativo y la espera familiar
La noticia llega en un contexto de alta sensibilidad para las familias en Colombia, quienes mediante movilizaciones y solicitudes formales han pedido celeridad en las gestiones diplomáticas. Según los registros de la Cancillería, tras la liberación de 17 colombianos el pasado 24 de octubre, el único proceso de este tipo concretado en 2025, al menos 22 ciudadanos permanecen detenidos en Venezuela.
Organizaciones no gubernamentales como Foro Penal han certificado la salida de prisión de cerca de 45 personas en las últimas jornadas, detallando un perfil de 15 mujeres, 27 hombres y tres adolescentes. Sin embargo, las autoridades venezolanas no han cruzado información oficial que vincule a ciudadanos colombianos con estas recientes medidas, las cuales incluyen restricciones como la prohibición de salida del país y el silencio en redes sociales.
Gestiones diplomáticas en curso
El Ministerio de Relaciones Exteriores reiteró que los canales de diálogo con el gobierno de Nicolás Maduro siguen activos bajo los lineamientos de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963. “Se busca abogar por el respeto al debido proceso de los connacionales”, señaló la entidad, que también dispone de los Centros de Referenciación y Oportunidades para el Retorno (CRORE) en la frontera para atender cualquier eventual traslado.
En reuniones previas, familiares han reportado ante la Cancillería preocupaciones por el estado de salud física y mental de los detenidos. Ante este escenario, la misión diplomática encabezada por el embajador Milton Rengifo mantiene la instrucción de solicitar información constante para esclarecer el estatus legal de quienes aún no retornan al país.