El panorama para los fumadores en Colombia y para la industria legal del tabaco ha dado un giro drástico. En una reciente entrevista con Julio Sánchez Cristo para La W, Juan Carlos Restrepo, director de Asuntos Corporativos de British American Tobacco (BAT), lanzó una dura advertencia sobre los nuevos impuestos decretados por el Gobierno Nacional bajo el marco de la emergencia económica. Según el directivo, la medida no solo es desproporcionada, sino que podría entregarle el mercado en bandeja de plata a las estructuras del crimen organizado.
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Un aumento “confiscatorio” y sin sustento técnico
La principal crítica de Restrepo radica en la magnitud del incremento. Calificó la medida como un “impuesto confiscatorio”, señalando que el tributo al consumo de cigarrillos se multiplicará por tres de manera inmediata. Este aumento del 300% fue implementado, según el vocero, sin una consulta previa ni una preparación técnica que avalara la viabilidad legal de un salto tan abrupto en los costos.
“Es un golpe que no tenía ninguna justificación legal. Lo que mata y desbarata el mercado son las alzas bruscas e intempestivas”, afirmó Restrepo, subrayando que pasar de una cajetilla de $8.000 a una de $20.000 de la noche a la mañana altera por completo la dinámica de oferta y demanda en el país.
El riesgo inminente: El regreso del contrabando
Uno de los puntos más sensibles de la entrevista fue el impacto social y de seguridad. Aunque la narrativa oficial sugiere que el aumento de precios desincentiva el consumo por razones de salud pública, Restrepo matizó esta premisa. Si bien el consumo legal disminuye, la necesidad del consumidor no desaparece, sino que se desplaza hacia el producto ilegal.
El directivo advirtió que el principal beneficiario de esta política no será el sistema de salud, sino figuras delictivas como alias ‘Papá Pitufo’ y otras bandas de contrabando.
“La gente que quiere seguir consumiendo el producto lo busca más barato y lo encuentra en el contrabando. Aquí lo que se genera es un desincentivo a la compra del producto legal”, sostuvo Restrepo.
El Estado: El gran perdedor en la ecuación
A pesar de que el decreto busca recaudar fondos en medio de la emergencia, la industria advierte un efecto bumerán. Al dispararse el mercado negro, el Estado dejaría de recibir los recursos proyectados por impuestos, se destruiría el empleo formal y se debilitaría la colaboración histórica que empresas como BAT han mantenido con la DIAN, la Polfa y el Ministerio de Salud.
Restrepo comparó la situación con países como Irlanda, donde los impuestos altos funcionan porque existe un control total de las fronteras y el contrabando es casi inexistente. Sin embargo, en la realidad colombiana, un alza del 300% podría significar el fortalecimiento de las economías ilícitas que hoy dominan los grupos de crimen organizado.