En respuesta a la directriz trazada por el presidente Gustavo Petro el pasado 17 de octubre -al término del acto de reconocimiento de responsabilidad a favor del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar)- la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) dio a conocer el decreto 1400 del 22 de diciembre “por el cual se desclasifica y levanta la reserva sobre los archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS)”.
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En aquella ocasión el mandatario fue enfático en que su Gobierno no iba a terminar “sin que haya una política de desclasificación de archivos, que tiene que ver con la verdad”.
La normativa ordena el levantamiento de la reserva de más de 57.000 cajas de documentos, en cumplimiento de mandatos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) orientadas al esclarecimiento de la verdad, la reparación integral de las víctimas y la garantía de no repetición.
Desde el punto de vista jurídico, el presidente de Colombia cuenta con la facultad de autorizar la desclasificación total o parcial de documentos de inteligencia y contrainteligencia en cualquier momento, incluso antes de que se cumpla el término legal de reserva de 30 años. Esta potestad está consagrada en el parágrafo 1° del artículo 33 de la Ley 1621 de 2013, base normativa del Decreto 1400 de 2025.
El jefe de Estado también había anunciado en su momento que su política de apertura documental no se limitaría al extinto DAS. “La próxima entidad en desclasificar sus archivos, con los requisitos de cuidado de norma y de ley, se llama DIPOL”, señaló, haciendo énfasis en que su Gobierno pretende dejar establecida una política integral de desclasificación de archivos, ligada al derecho a la verdad.
Según el Ejecutivo, el levantamiento de la reserva responde al interés general, siempre que no comprometa la seguridad nacional ni el régimen democrático. El acceso a estos documentos es considerado fundamental para los procesos judiciales, la reconstrucción de la memoria institucional y la transformación de un legado oscuro de la inteligencia estatal en una herramienta al servicio de la justicia y los derechos de las víctimas.