A partir de 2026, el salario mínimo en Colombia se fijará en dos millones de pesos mensuales, incluyendo el auxilio de transporte. El anuncio, realizado por el presidente Gustavo Petro mediante decreto, representa un incremento del 23,7 %, una cifra que supera los ajustes de 2024 (5 %) y 2025, situándose por encima de la petición del 16 % que mantenían los sindicatos.
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El eje central de esta medida es la transición hacia un “salario mínimo vital”. Según la explicación de la administración, este concepto cambia la base del cálculo: ya no se mide por las necesidades de un solo trabajador, sino por el sostenimiento de un núcleo familiar promedio de tres a cuatro personas, donde habitualmente aportan uno o dos miembros. “El trabajador no vive solo”, señaló el mandatario, argumentando que el monto debe garantizar que una familia pueda cubrir sus necesidades básicas con dignidad.
La decisión llega tras el cierre sin acuerdo de la mesa de concertación el pasado 15 de diciembre. No obstante, el incremento del 23,7 % ha generado reacciones inmediatas en los sectores técnicos. El Banco de la República mantiene una política de tasas altas (9,25 %) para intentar anclar la inflación, que se sitúa cerca del 5 %.
Informes de entidades como Bancolombia y ANIF advierten que un ajuste de esta magnitud podría presionar el Índice de Precios al Consumidor (IPC). El riesgo identificado es la indexación, el aumento del mínimo suele arrastrar al alza los costos de servicios, arriendos y transporte, lo que podría diluir el nuevo poder adquisitivo.
En el aspecto laboral, el reto se concentra en la formalidad. Con una tasa de informalidad que ronda el 55 %, los analistas sugieren que el mayor costo de la nómina, sumado a la reducción de la jornada laboral vigente, representa un desafío para la sostenibilidad de las pequeñas y medianas empresas en 2026.