El panorama económico de Colombia para el año 2026 enfrenta un desafío crítico de financiación. Ante las dificultades para cuadrar las cuentas del Presupuesto General de la Nación (PGN), el ministro de Hacienda, Germán Ávila, anunció una batería de medidas de choque que buscan contener el gasto público y encontrar nuevas fuentes de recursos. Entre los anuncios más polémicos se encuentran un fuerte incremento impositivo a las bebidas alcohólicas y una orden directa a los fondos de pensiones.
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El “golpe” al bolsillo de los consumidores de licor
Una de las decisiones más inmediatas que impactará el consumo es el ajuste en el impuesto a las ventas. El jefe de la cartera de Hacienda confirmó que el Gobierno evalúa elevar el IVA para los licores del 5% al 19%. Esta medida afectará a una amplia gama de bebidas, incluyendo el aguardiente, ron, whisky, brandy, vodka, vinos y aguamiel.
Sin embargo, el ministro aclaró una excepción importante: la cerveza quedará excluida de este incremento, manteniéndose bajo su régimen actual. Este salto de 14 puntos porcentuales en el IVA de los destilados busca generar un recaudo adicional que ayude a mitigar el déficit proyectado para el próximo año.
Repatriación de $250 billones: La apuesta por la inversión interna
Quizás la medida más ambiciosa y técnica anunciada por Ávila es la redacción de un decreto que obligaría a los fondos de pensiones a traer de vuelta al país cerca de $250 billones que actualmente se encuentran invertidos en mercados extranjeros.
El objetivo del Ejecutivo es claro: utilizar este capital para financiar proyectos de infraestructura considerados estratégicos para la nación. Según el Ministerio de Hacienda, este movimiento no solo serviría como fuente de financiación para el Estado, sino que funcionaría como un motor para dinamizar la inversión interna y generar empleo en un momento de incertidumbre económica global.
Austeridad: De la prima de congresistas al control de gasto
El plan de contención no solo mira hacia afuera, sino también hacia adentro de la estructura estatal. El ministro Ávila reveló que están bajo la lupa varios compromisos de gasto que podrían ser ajustados para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Dentro de este análisis, se destaca la revisión de una prima especial para los congresistas. “Este rubro tendría un impacto fiscal significativo y por ello está siendo revisada dentro del marco de contención del gasto”, explicó el funcionario. El objetivo es identificar qué gastos pueden ser recortados sin que la operación esencial del Estado se vea comprometida.
Un Presupuesto 2026 bajo presión
El anuncio del ministro Ávila se produce en un contexto donde la confianza de los mercados y la regla fiscal son prioridades para el Gobierno. La administración busca enviar un mensaje de responsabilidad, asegurando que se tomarán las medidas necesarias, por impopulares que sean, para evitar un descalce financiero en 2026.
La implementación de estos decretos y medidas legislativas marcará la agenda del Congreso y de los gremios económicos en los próximos meses, mientras la ciudadanía asimila el costo de los nuevos impuestos y el impacto de los cambios en el ahorro pensional.