A partir del 16 de enero de 2026, todas las estaciones de peaje en Colombia aplicarán un incremento en sus tarifas. El Gobierno Nacional confirmó que esta medida responde a la actualización anual obligatoria estipulada en los contratos de concesión y en la normativa vigente, vinculada directamente al comportamiento de la economía nacional durante el año anterior.
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El factor determinante para este ajuste es el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Según los datos reportados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la inflación anual con corte a noviembre de 2025 se ubicó en 5.30 %. Si bien este porcentaje es la referencia actual, el incremento definitivo se establecerá una vez se consolide la cifra de cierre de diciembre.
El origen de la medida
La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, explicó que el ajuste corresponde a una actualización por el costo de vida y se aplicará de forma generalizada en la red vial concesionada. El objetivo principal de este recaudo es asegurar la sostenibilidad financiera del sistema, lo que incluye labores de mantenimiento preventivo, operación de grúas y ambulancias, y la ejecución de obras para la expansión de la infraestructura.
El Ejecutivo reconoció que el aumento tiene una incidencia directa en los costos operativos del transporte de carga y en el valor de los pasajes de transporte intermunicipal. Por esta razón, se mantendrán vigentes estrategias de mitigación en puntos específicos. Estas incluyen tarifas diferenciales para residentes de zonas aledañas a las casetas y para usuarios frecuentes, además de esquemas de ajuste gradual condicionados a la antigüedad de cada contrato.
Los puntos con mayor impacto económico
El mapa de los peajes en el país muestra una realidad heterogénea. Las estaciones con los costos más elevados para vehículos particulares (categoría I) se encuentran ubicadas en puntos estratégicos de Antioquia, Meta y el corredor vial hacia la Orinoquía.
Actualmente, antes del incremento de 2026, el escalafón de los peajes más costosos lo lidera Pipiral, en la vía al Llano, con un valor de 26.400 COP. Le siguen el Túnel de Oriente en Antioquia (25.000 COP), Cisneros (24.600 COP), Aburrá (23.700 COP) y Guaico, en el Eje Cafetero (23.570 COP).
La aplicación de los incrementos y de los posibles beneficios tarifarios varía según la antigüedad de cada contrato y el modelo de concesión de la vía.
El Gobierno ha intentado equilibrar la necesidad de recaudar fondos para infraestructura con la presión económica sobre los ciudadanos. Por ello, se mantienen vigentes mecanismos como las tarifas diferenciales para comunidades vecinas y usuarios frecuentes, así como ajustes graduales en ciertos tramos para evitar choques inflacionarios bruscos.
A pesar de estas medidas, el incremento constante ha reabierto un debate profundo en el ámbito legislativo. Sectores sociales y representantes políticos cuestionan la estructura actual del modelo de concesiones viales en Colombia, pidiendo una revisión que priorice el impacto en el bolsillo de los transportadores y ciudadanos frente a la rentabilidad de los proyectos de infraestructura.