En la madrugada de este jueves 25 de diciembre, Venezuela registró la reactivación del proceso de excarcelaciones de personas consideradas presos políticos, un asunto que se encontraba suspendido desde marzo pasado.
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En un contexto marcado por la celebración de la Navidad y una notable tensión diplomática y militar en el Caribe, diversas organizaciones no gubernamentales confirmaron la salida de centros de reclusión de decenas de ciudadanos.
De acuerdo con el Comité de Madres en Defensa de la Verdad, al menos 71 personas recobraron su libertad de forma condicional, incluyendo a tres mujeres y tres adolescentes. No obstante, otros recuentos independientes elevan la cifra de beneficiarios a cerca de 99 individuos.
Estas medidas ocurren en un momento donde el país enfrenta una vigilancia militar ante la presencia de buques petroleros interceptados por fuerzas de Estados Unidos, situación que el Ejecutivo de Nicolás Maduro califica como una presión externa para su salida del poder.
Los nombres y las causas del por qué estaban atrás de las rejas
La identidad de quienes abandonaron las prisiones este jueves permite trazar un mapa de los perfiles detenidos durante la crisis poselectoral iniciada en julio de 2024. Según datos verificados por el medio Efecto Cocuyo, la mayoría de los liberados formaba parte del grupo de ciudadanos arrestados tras las manifestaciones posteriores a los comicios presidenciales.
Entre los nombres confirmados por familiares y activistas se encuentran María Elba Delgado, Eduark Ramírez, Luis Perozo, Daniel Acacio, Andrew Morales, Frank Revilla, Abraham Rivero, Ángel Gabriel González y Luisneidel Zúñiga.
Uno de los casos que ha generado mayor atención mediática es el de Marggie Orozco, una médica de 65 años. Orozco había sido condenada recientemente a 30 años de prisión bajo cargos de “delitos de odio”. El origen de su detención y posterior sentencia fue la difusión de mensajes críticos hacia la gestión gubernamental a través de la aplicación de mensajería WhatsApp. Su liberación es vista por las ONG como un ejemplo de la desproporcionalidad en las penas aplicadas durante los últimos meses.
La postura de las organizaciones civiles
Pese al alivio que supone el retorno de estos ciudadanos a sus hogares, el colectivo de familiares y organizaciones como Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) califican estas medidas de “selectivas y discrecionales”. Para JEP, la permanencia en reclusión de personas con enfermedades graves o adultos mayores representa un riesgo elevado para su integridad física.
Por su parte, el coordinador de Provea, Oscar Murillo, describió la jornada como un “alivio colectivo”, aunque señaló la persistente opacidad en la información oficial. Murillo destacó que, pese a las liberaciones, figuras clave de la defensa de derechos humanos y el activismo social permanecen detenidas. Entre ellos mencionó a Rocío San Miguel, Javier Tarazona, Kennedy Tejada, Carlos Julio Rojas y Eduardo Torres.
En el ámbito político, el exgobernador César Pérez Vivas denunció lo que denomina como una política de “puerta giratoria”, término que refiere a la liberación de unos detenidos mientras se producen nuevos arrestos. Bajo esta premisa, recordó que activistas como Biagio Pilieri, Henry Alviárez, Perkins Rocha y Freddy Superlano continúan privados de libertad.
El balance de una crisis prolongada
La crisis institucional derivada de los resultados electorales de julio, donde la oposición mayoritaria reclama la victoria de Edmundo González Urrutia frente a la proclamación oficial de Nicolás Maduro, dejó un saldo de más de 2.400 detenciones según cifras de la Fiscalía General. La mayoría de estas personas han sido señaladas por delitos de “terrorismo” y “vandalismo”.
A fecha del 15 de diciembre, la ONG Foro Penal contabilizaba 902 presos políticos. Esta cifra contrasta con la narrativa del Gobierno, que sostiene que en Venezuela no existen prisioneros de conciencia, sino personas procesadas por delitos punibles específicos.