En un operativo que ha causado indignación en el departamento de Casanare, la Fiscalía General de la Nación dejó al descubierto una red de presunta ilegalidad que operaba desde las instalaciones de un hotel en el centro de Yopal. Dos personas, encargadas de la administración del establecimiento, fueron capturadas y enviadas a prisión tras ser vinculadas con la explotación sexual de una menor de edad en condiciones de extrema vulnerabilidad.
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Los procesados, identificados como Ana Elvia Mejía Chaparro y Libardo Chaparro Flórez, habrían instrumentalizado su posición de autoridad en el hotel para captar a una víctima que apenas iniciaba su vida adolescente.
El “modus operandi”: Engaños y vulnerabilidad
La investigación liderada por una fiscal de la Seccional Norte de Santander reveló detalles desgarradores sobre la forma en que operaban los señalados. La víctima, una niña de tan solo 14 años de nacionalidad venezolana, llegó a la capital de Casanare completamente sola y sin redes de apoyo.
Bajo una fachada de supuesta solidaridad, Mejía y Chaparro le ofrecieron alojamiento en el hotel que administraban. Sin embargo, lo que parecía ser un refugio seguro se convirtió rápidamente en una trampa. Según las pruebas recolectadas, pocos días después de su llegada, los administradores habrían inducido a la menor a frecuentar parques locales con el fin de ofrecer servicios sexuales a hombres mayores.
El argumento utilizado por los hoy procesados era que el dinero obtenido de estas actividades debía ser entregado para cubrir los supuestos gastos de hospedaje y manutención. Esta modalidad de “deuda impagable” es una de las estrategias más comunes en los delitos de trata de personas a nivel internacional.
Cargos contundentes y abuso sexual
La situación de la menor fue aún más crítica. Durante las pesquisas, se conoció que Libardo Chaparro Flórez presuntamente abusó sexualmente de la niña en al menos una oportunidad, aprovechando el control que ejercía sobre ella dentro del establecimiento.
Ante la contundencia del material probatorio, la Fiscalía les imputó los delitos de:
- Trata de personas agravada.
- Estímulo a la prostitución de menores.
Adicionalmente, a Chaparro Flórez se le formuló el cargo de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Ninguno de los dos cargos fue aceptado por los procesados en las audiencias concentradas.
Medida de aseguramiento carcelario
Tras analizar la peligrosidad de los acusados y el riesgo que representaban para la sociedad y la víctima, un juez de control de garantías acogió la solicitud del ente acusador. Por disposición judicial, los dos administradores deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso penal en su contra.
Este caso pone nuevamente sobre la mesa la necesidad de una vigilancia más rigurosa sobre los establecimientos de alojamiento en Yopal y el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier comportamiento sospechoso que involucre a menores de edad, especialmente aquellos en situación de migración o abandono.