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¿Es legal? Ponen en duda el bloqueo marítimo de EE. UU. contra Venezuela

La muerte de más de cien personas en operativos navales en el Caribe llevó a relatores de la ONU a pronunciarse sobre el uso de la fuerza militar.

El gobierno venezolano afirmó que las declaraciones del presidente Donald Trump violan el Derecho Internacional
Cuestionan los accionares del país estadounidense en el mar Caribe

Un panel de expertos independientes de las Naciones Unidas denunció este miércoles, 24 de diciembre, que el bloqueo marítimo parcial impuesto por el gobierno de Estados Unidos hacia Venezuela representa una violación directa a las normas fundamentales del derecho internacional.

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A través de un comunicado conjunto, los relatores indicaron que esta medida, vinculada a la administración de Donald Trump, no solo carece de base jurídica, sino que se clasifica como una “agresión armada ilegal” según los estándares de la Asamblea General de la ONU.

Conflicto de poderes bajo la Carta de las Naciones Unidas

El grupo de especialistas subrayó que la ejecución de este bloqueo constituye un uso prohibido de la fuerza militar que contraviene los principios de la Carta de las Naciones Unidas al atentar contra la soberanía de Venezuela. Esta situación otorga una facultad de jurisdicción universal, lo que significa que cualquier Estado tiene la potestad legal de investigar estos actos como crímenes de agresión.


Víctimas fatales en operaciones navales

La preocupación de los organismos internacionales se intensifica al revisar las cifras de víctimas fatales registradas desde el inicio de estos sucesos navales en septiembre de 2025. Los informes detallan que al menos 104 personas murieron en el marco de 28 ataques directos contra embarcaciones civiles. Los expertos de la ONU enfatizaron que ninguna de las personas asesinadas representaba una amenaza inmediata que justificara el uso de fuerza letal

El documento está respaldado por figuras de alto nivel como Ben Saul (relator sobre lucha antiterrorista), Gina Romero (libertad de reunión), Surya Deva y George Katrougalos. Estos especialistas coinciden en que la seguridad marítima no puede ser pretexto para ejecuciones arbitrarias o para imponer cercos que afecten a la población civil y el comercio legítimo en el Caribe.

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