El Gobierno Nacional, mediante la Resolución 471 de 2025, ha formalizado una decisión que redefine el mapa de la seguridad en el noroccidente de Colombia: la vigencia de las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) para el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) o Clan del Golfo, se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2026.
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Esta medida no es solo un trámite administrativo, es una apuesta política de largo aliento que busca anclar el proceso de paz más allá del cambio de mando en la Casa de Nariño.
Las zonas, situadas en áreas rurales de Tierralta (Córdoba), así como en Unguía y Belén de Bajirá (Chocó), funcionarán como puntos de concentración donde se suspenderán las órdenes de captura y los procesos de extradición para los miembros del grupo que decidan avanzar hacia la legalidad.
¿Es un blindaje político frente al 2026?
Al dejar las zonas activas hasta diciembre de 2026, mediante la Resolución 471, el Gobierno intenta asegurar que el proceso no se desmantele automáticamente el 7 de agosto, fecha del traspaso de poder.
Analistas y algunos sectores de oposición han cuestionado esta temporalidad, sugiriendo que se trata de un “blindaje” para condicionar la política de seguridad del próximo mandatario.
No obstante, esta estrategia traslada una presión inmediata al Congreso de la República y a la rama judicial. La Defensoría del Pueblo ha advertido reiteradamente que la ausencia de una Ley de Sometimiento que defina penas y condiciones de entrega deja a los combatientes en un limbo jurídico. Sin este marco legal, el proceso carece de la seguridad jurídica necesaria para una desmovilización.
Si al llegar la transición presidencial no existe este sustento legislativo, el nuevo mandatario recibirá a estos grupos en formas concentradas geográficamente, pero no necesariamente desarticuladas. Investigadores de la Fundación Paz y Reconciliación advierten que situaciones como estas podrían facilitar un retorno masivo a las armas en regiones históricamente golpeadas como el Urabá, repitiendo ciclos de violencia fallidos.
En el plano social, la vida en municipios como Tierralta y Belén de Bajirá experimenta una transformación silenciosa. Durante décadas, el Clan del Golfo ha ejercido el control; ahora, con la institucionalización de las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT), el Estado se enfrenta al reto que la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (MAPP/OEA) ha calificado como algo “imperativo” llenar los vacíos de poder de forma inmediata y efectiva.
El éxito de este periodo de transición dependerá de si el Estado logra establecer una presencia real antes de que las estructuras se reorganicen. El 2026 se perfila así no solo como un año electoral, sino como la fecha límite para determinar si Colombia logrará este proceso junto a uno de los grupo armado más numerosos del país.